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Incumplimiento de deberes, supresión o destrucción de documento, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica son los cuatro delitos de los que debe defenderse el exministro de Desarrollo Rural, Hugo Salvatierra Gutiérrez, padre de la ex presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, cuyo caso es el octavo de 20 que ya fueron aprobados por la comisión Mixta de Justicia.


El 16 de junio de este año, esta instancia legislativa aprobó el pliego acusatorio en contra del exministro. En el memorial figuran como denunciantes: Susana Rivero Guzmán y Hernán Román Romero, la primera exministra de Desarrollo Rural y el segundo es un exfuncionario de ese despacho.


De ese modo el MAS empezó a acelerar el tratamiento de todos los juicios de responsabilidades que estaban pendientes en el Parlamento desde hace años. El senador Walter Justiniano, quien forma parte de esta instancia legislativa, confirmó que existe un inusitado interés en el oficialismo por finalizar todos los procesos y desde su perspectiva hay dos objetivos: enjuiciar a Carlos Mesa y Jeanine Áñez.

De acuerdo con el recuento de los datos que tiene la comisión mixta, el caso se refiere a la compra de un centenar de tractores al gobierno argentino, pero esos tractores nunca fueron entregados a Bolivia.


Según la comisión, esta compra no fue tramitada en los tiempos previstos, en 2006 se empezó los trámites de importación, pero el proceso no se cumplió con los pasos que manda la ley y por ello, se resolvió procesar por incumplimiento de deberes.  


Los miembros de la comisión consideraron que se efectuó la entrega de los tractores sin documentación legal de respaldo y con errores en la suscripción de contratos.


De acuerdo con las denuncias de ese entonces, una parte de los tractores fue vendida a los menonitas y otra entregada a dirigentes que debían llevar a sus comunidades, pero los mismos nunca llegaron a los destinatarios. En ese entonces había acusados particulares que ahora no aparecen en el pliego acusatorio.


Prelación


Existe un orden prelación para la consideración de los juicios de responsabilidades, lo que significa que se deben considerar de acuerdo con la fecha de llegada de los memoriales, por tanto, para autorizar un eventual juicio de responsabilidades en contra de Hugo Salvatierra, el MAS debe tratar siete casos anteriores.


Los casos anteriores son: el de Sacha Llorenti contra el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada; Mario Ramírez Arce contra el exprefecto de Chuquisaca, Felipe Arana Ostria; Mario Uribe Melendres contra Félix Patzi Paco; Arturo Murillo Prijic contra Alicia Muñoz Alá; Abel Zapana Jaldín contra Alicia Muñoz Alá; cuatro particulares contra el ex prefecto de Chuquisaca, Carlos Nicanor Cortez; Milena Araceli Hinojosa García contra tres ministros de Sánchez de Lozada.


Esos son los siete procesos de privilegio que debe tratar la Asamblea, antes de considerar el caso Salvatierra.


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