Mendoza va a la cárcel por 6 meses; amplían denuncia contra otros implicados

El máximo dirigente universitario, Max Fernando Mendoza Parra, pasará seis meses en la cárcel de San Pedro, de La Paz, mientras duren las investigaciones por los delitos de conducta antieconómica y usurpación de funciones, según determinación del Juzgado Segundo de Instrucción en lo Penal.

“Él (Mendoza) no reunía con los requisitos, no tenía licenciatura para ejercer el cargo en el CEUB (Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana). Si bien tiene familia, no se sabe cuál es domicilio actual del imputado. Por estas consideraciones se dispone la detención preventiva de Max Mendoza Parra en el recinto penitenciario de San Pedro y para ello expídase el mandamiento de aprehensión por seis meses”, ratificó el juez Javier Vargas.

El abogado del imputado, José Luis Paredes, interpuso un recurso de apelación incidental y solicitó que en 24 horas se dé curso ante el tribunal de alzada en el cual “fundamentará los agravios que se emitieron”.

Durante la audiencia, el juez fue crítico con la Fiscalía por no investigar y no presentar elementos suficientes para demostrar que el imputado no tiene familia. Sin embargo, aseguró que el elemento contundente es que no existe domicilio fijo.

La comisión de fiscales argumentó que el universitario percibía un salario de Bs 21.870 desde 2018 hasta 2022 con todos los beneficios sociales. También señaló que recibió asignaciones económicas por viáticos al interior y exterior del país sin cumplir los requisitos para el cargo de secretario interino del CEUB.

Incluso, con base a la Resolución No. 04/2018 del XIII Congreso de Universidades y como presidente de la Confederación Universitaria Boliviana (CUB), firmó un contrato en enero de 2022 con la empresa Jhire Turismo, para acceder a servicios de viajes nacionales e internacionales por un monto de Bs 800.000 sin contar con la autorización.

El abogado de Mendoza rechazó la fundamentación del Ministerio Público y manifestó que su defendido cumplió con las funciones designadas según las resoluciones universitarias. Además, agregó que hizo el trabajo de nueve secretarios que no fueron posesionados.

Paredes reveló que el universitario padece de diabetes tipo 2 por lo que necesita atención médica y su encarcelamiento iría en detrimento de su estado de salud. En consecuencia, pidió la detención domiciliaria.

Otros implicado

De acuerdo a la imputación formal del 21 de mayo, se identificó como único denunciado a Mendoza, aunque se menciona a tres personas que habrían avalado su cargo con resoluciones administrativas presuntamente de manera irregular y fuera de la normativa vigente.

La ampliación de la querella se hará este lunes contra dos exmiembros del presídium del CEUB el exrector de la Universidad Autónoma Tomás Frías (UATF), Juan Justo Bohórquez, y el exsecretario general de la Confederación Universitaria de Docentes (CUD), Rodrigo Rodríguez Arce. Además del ingeniero Ludwing A. B.

“Estoy pidiendo ampliatoria de la denuncia contra otras personas. Este lunes solicitaré otros requerimientos”, informó el docente universitario y denunciante Víctor Hugo Chávez, en contacto con EL DEBER antes de ingresar a la audiencia de medidas cautelares.

Bohórquez y Rodríguez firmaron la Resolución Administrativa del CEUB No 36/2018 que ratifica como secretario interino de esa institución a Mendoza con un sueldo de Bs 21.870 “con todos los beneficios hasta la designación de las nuevas autoridades”.

Por su parte, Ludwing A. B. mediante Resolución Nº 04/2019 de fecha 8 de agosto de 2019 habría dispuesto homologar todas las resoluciones emitidas por el CEUB.

De acuerdo a una de las denuncias presentadas, la conferencia en la cual se homologan la resoluciones administrativas del CEUB por la gestión 2018 y 2019, “extrañamente” no se pone en consideración la Resolución Administrativa 36/2018 porque los entonces miembros del presídium, “sabían de su carácter ilegal, de esta designación, donde se ratifica el nombramiento del señor Max Mendoza Parra como Secretario Nacional interino porque con seguridad esta conferencia la hubiese rechazado por su carácter ilegal”, puntualiza uno de los escritos.

El Código Penal señala que el delito de conducta antieconómica tiene una sanción de uno a seis años de privación de libertad. Mientras por usurpación de funciones se establece prisión de cuatro a ocho años.

Audiencia con incidentes

La audiencia de medidas cautelares inició con la presentación de un incidente por abogado de la Max Mendoza, José Luis Paredes, quien pidió al juez declarar la resolución de aprehensión “ilegal y arbitraria” debido a que no tendría los fundamentos documentales emanados por la Fiscalía para privarlo de su libertad.

“La Fiscalía no demostró si verdaderamente mi cliente no cuenta con familia, trabajo y domicilio y solo presume ese extremo”, reclamó el jurista y cuestionó al juez si era “necesaria” la aprehensión.

Asimismo, sobre la obstaculización de las investigaciones observó que la comisión de fiscales no determinó quiénes son los colaboradores y posibles cómplices a quiénes podría influir.

El fiscal José Rodríguez solicitó al juez declarar infundado el incidente ya que el denunciado no presentó las pruebas para desvirtuar la presunta aprehensión ilegal.

Los denunciados acotaron que existen riesgos procesales “evidentes” y que incluso, en el comunicado público que emitió Mendoza dijo que iba sumir defensa y ya conocía los alcances de las denuncias

Llamó la atención que los representantes legales de los diputados Marcelo Pedraza y Edwin Rosas no se encontraban presentes, menos los legisladores.

El juez Segundo de Instrucción declaró “infundado” el incidente y continuó con la audiencia medidas cautelares.

Otras denuncias

El XIII Congreso de Universidades se reanudará este lunes y se prevé aprobar una resolución para expulsar y desconocer al dirigente universitario como presidente de la CUB ya que su cargo estaría prorrogado desde 2020.

La universitaria Kelly Apaza dijo que a partir de 2020 se avalaron federaciones universitarias por Mendoza, aunque existían denuncias de fraude y auditorías pendientes. Se pedirán que sean anuladas como el caso de la Universidad Mayor de San Andrés.

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