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Miles de gremiales protagonizaron marchas de protesta en La Paz, Cochabamba y Oruro para exigir la derogación de la Ley 1386, la norma que dio vida a la estrategia de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas y de la que forma parte el polémico proyecto de Ley 218.

Los gremiales se concentraron en El Alto y de allí descendieron a través de la avenida Naciones Unidas hasta el centro de La Paz para protestar contra esta norma, pero al mismo tiempo destacaron la predisposición del Gobierno de socializar su alcance.

En Cochabamba, las asociaciones de trabajadores gremiales desarrollaron su protesta desde el céntrico mercado Calatayud y tomaron varias calles del centro histórico de la capital del valle.

Junto con la protesta se realizó el paro nacional que se aprobó la pasada semana en Santa Cruz, precisamente para rechazar el proyecto de ley y reclamar por la “persecución política”, además de la ausencia de independencia judicial.

En Oruro, la marcha de los gremialistas fue multitudinaria y tomó varias calles de la ciudad con la exigencia de derogar los instrumentos jurídicos cuestionados.

La propuesta fue rechazada por varios sectores sindicales y profesionales ante la posibilidad de que la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) actúe sobre la base de “sujetos obligados” a reportar movimientos económicos sospechosos del lavado de dinero.  

Juan Carlos García, secretario ejecutivo de la Confederación de Gremiales de Bolivia, señaló que su sector no paralizó actividades, pero si se manifestó para exigir al gobierno que explique el alcance del contenido de esta normativa.

García informó que el miércoles se reunieron con el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, y que el viernes lo harán con la comisión de Constitución del Senado, donde está el proyecto de Ley 218.

Montenegro aseguró que la ley “centraliza normativa que está dispersa”, en el marco de los compromisos del país para luchar contra el lavado de activos.

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