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Al pedido de transparencia de la ciudadanía y de políticos se suma el Ministerio de Justicia. El ministro del área, Álvaro Coimbra, afirmó que esa cartera de Estado se ha convertido en parte querellante en contra de las personas involucradas en la compra de 170 respiradores españoles con supuesto sobreprecio. El escándalo puso entre rejas al exministro de Salud, Marcelo Navajas, y a cuatro funcionarios estatales.

“Realizamos la solicitud de congelamiento de las cuentas de las personas aprehendidas”, informó Coimbra este jueves. La autoridad señaló que su excolega, Marcelo Navajas y las otras cuatro personas aprehendidas, deben ser investigados y será el  Ministerio Público el que determine si hubo o no corrupción en la adquisición de equipos médicos.

Ayer se conoció que Ana Espinoza, profesional en Equipamiento Médico de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (Aisem) advirtió al entonces ministro Navajas que los respiradores no cumplían con las especificaciones requeridas; sin embargo, la exautoridad hizo caso omiso a la advertencia y dio luz verde al proceso de la compra.

Espinoza afirmó con antelación en su carta que “los equipos no cumplen con lo solicitado, tienen poca durabilidad y no cuentan con todas las certificaciones de calidad”. La profesional hizo la advertencia el 8 de mayo; sin embargo, no tuvo respuesta positiva a su observación y seis días después un avión de BoA arribó al país con los respiradores.

El escándalo; sin embargo, no se detendrá por ahora, ya que la investigación se amplia y no se descarta que en las próximas horas nuevos actores terminen en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc). Coimbra estima que entre 8 y 10 personas han tenido algún grado de participación en la compra de los respiradores.

El ministro no descartó que el embajador de Ciencia, Tecnología e Investigación, Mohammed Mostajo, y el cónsul boliviano en Barcelona, Alberto Pareja Lozada, se presenten a declarar como testigos.

Según la Fiscalía de La Paz, la adquisición irregular de estos equipos provocó un daño económico al Estado de unos $us 3 millones. Se compraron respiradores a un costo de $us 27.683 la unidad, cuando la empresa GPA Innova dijo que comercializa cada equipo en $us 6.561, en su versión básica, y entre $us 9.000 y 10.000, en su versión avanzada. En ninguno de los tres precios, se acerca el monto pagado por el Gobierno de Bolivia.

En las próximas horas, las personas aprehendidas serán puestas ante un juez de medidas cautelares para que determine su situación jurídica.

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