Ministerio de Justicia solicita a EL DEBER “restituir y garantizar” los derechos de la niña víctima de violación
Una carta enviada por la directora General de Niñez exige al medio que, de manera inmediata, tome las medidas correspondientes vinculadas al caso. Desde el Ministerio de la Presidencia anunciaron procesos judiciales para las personas que interactuaron con la menor
El caso de la niña de once años violada por su abuelastro sigue generando polémica. Una carta remitida a EL DEBER por el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, dependiente del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, solicita a esta casa periodística que restituya los derechos a la menor de edad.
Ninoska Durán Burgoa, directora General de Niñez y Personas Adultas Mayores, cuestiona la cobertura informativa realizada por EL DEBER y observa algunas “publicaciones que vulneran derechos humanos de la niña víctima, relativos al respecto y dignidad, a la protección a la confidencialidad”.
De manera puntual, resalta un titular en el que se describe la situación de la menor de edad y apunta la difusión “de manera pública (de) declaraciones de una niña víctima”. Según la normativa vigente, Durán interpela a este medio por “inobservancia de las obligaciones” que se derivan del Código Niña, Niño y Adolescente.
La noticia se conoció el viernes de la pasada semana cuando la Defensora del Pueblo de Yapacaní, Silvia Suazo, informó del traslado de la menor de edad a un centro hospitalario de la capital cruceña. Desde ese momento, y al igual que muchos medios de comunicación, EL DEBER replicó las declaraciones realizadas por autoridades en referencia al caso.
También sostuvo un seguimiento informativo a la situación jurídica que involucra al abuelastro (61 años) de la niña, principal acusado de la violación. El agresor se encuentra detenido en espera de que se completen las indagaciones policiales y se marque la correspondiente audiencia.
La Dirección de EL DEBER manifiesta su extrañeza con la carta de Durán Burgoa porque no es atribución de este medio “restituir y garantizar los derechos de la niña reconocidos en la normativa nacional e internacional” ni de manera “inmediata” como exige la señora, ni mucho menos informar a esa cartera de Estado sobre ningún tipo de medidas que adopte este medio.
Como profesional del área, Burgoa debe conocer que para eso existen instituciones del Estado que tendrán que tomar las medidas que mejor juzguen convenientes con relación al delicado caso de la niña.
Como medio de comunicación, EL DEBER conoce y cuida el cumplimiento de las normas de ética en cuestiones referidas a la información de menores de edad, como es este caso. EL DEBER no estigmatiza ni revictimiza a la niña; informamos con responsabilidad de un drama humano que se repite en este y otros casos y en los cuales no se observa la presencia ni el accionar de la Dirección General de Niñez y Personas Adultas Mayores.
