Ministerio de Salud extiende el control de farmacias a todo el país y observará el mercado informal

Las redes sociales se han convertido en un tablón de anuncios que claman por ayuda. Los más frecuentes, solicitan donación de plasma hiperinmune para pacientes Covid-19. Los más desesperados, reclaman soluciones para adquirir remedios que no se encuentran en las farmacias. Uno de los productos más  requeridos es el Remdesivir que duplica y triplica su precio en el mercado informal.

Las autoridades de salud han incrementado los operativos en farmacias para verificar precios y garantizar la provisión de medicamentos que combaten el Covid-19. La Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnología en Salud (AGEMED) ha difundido una lista oficial de los precios al público que los establecimientos deben cumplir. Mediante los controles que realizarán en todo el país se busca cortar la especulación de precios.

Además, también se realizarán los controles en los mercados informales, incluidos aquellos que ofrecen los remedios en diversas plataformas virtuales  anunció el viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva. "Estamos realizando este trabajo que, a partir de hoy, será a nivel nacional, con la finalidad de garantizar el derecho que tienen los consumidores, que al final de cuentas somos todos", dijo.

Los operativos también indagarán el trabajo de las clínicas privadas para garantizar la calidad de la atención de acuerdo a los precios establecidos por la autoridad sanitaria nacional.

La supervisión implicará a farmacias privadas y públicas, clínicas privadas y la indagación en el mercado informal, de internet porque hay denuncias de sobreprecios, y porque "no sabemos qué tipo de productos son los que ofrecen en internet, hay muchas interrogantes y situaciones que ponen en riesgo la vida de la población", añadió Silva.

El viceministro recordó que las sanciones para quienes incumplan las disposiciones establecidas pueden ser administrativas, económicas, "y no se descarta procesos en la vía ordinaria".

En los casos de incumplimiento de la normativa, se consideran sanciones administrativas que contemplan hasta la clausura, temporal o definitiva, de los establecimientos. 

Las multas económicas que también están contempladas ascienden, en los casos más graves, hasta los 23 mil bolivianos, "y la posibilidad incluso de abrir procesos penales cuando se encuentren indicios de la comisión de delitos, como atentado a la salud, agio y otros que tengan que ver estos 3 componentes de posibles sanciones", resaltó.