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El fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, informó este martes que, de acuerdo al informe recibido de la comisión de investigadores del caso de los 170 respiradores que se compraron en España, se tiene un avance considerable y la investigación está en su etapa final.

Anticipó que, en próximas semanas, el Ministerio Público presentará una acusación fiscal para ingresar a la etapa de juicio en contra de todas las personas que son procesadas por los delitos de contratos lesivos al Estado, contra la salud, asociación delictuosa y otros. 

“En el caso de los 170 respiradores que se compraron en España, en este proceso se tiene un avance considerable, se tiene dos personas aprehendidas, Fernando Valenzuela y Fernando Humérez y otras que cuentan con detención domiciliaria como Ana Fernanda Espinoza, Gabriela Pérez, Giovani Pacheco, Alberto Pareja, así como el exministro de Salud Marcelo Navajas”, afirmó la autoridad.

Manifestó que se recibió declaración ampliatoria de dos de los imputados, Fernando Humérez y Fernando Valenzuela, que han aportado nuevos elementos, que no van a ser transcendentales en el fondo de la investigación.

Además, se dispuso la pericia de los celulares de todas las personas involucradas a través del Instituto de Investigaciones Técnico – Científico de la Universidad Policial (IITCUP) y se está a la espera de los resultados, al igual que el desdoblamiento de los Cds de las declaraciones correspondientes a los súbditos españoles Pau Sarsanedas, gerente de la GPA Innova y de la empresa IME Consulting, Iñaqui García.

Lanchipa recalcó que la parte central de la investigación ya fue identificada. “Tenemos la relación de los hechos y hay los suficientes elementos que puedan demostrar la comisión de hechos delictivos de parte de estas personas que han sido imputadas, de tal manera que el Ministerio Público ya va estar en condiciones, en las próximas semanas, de presentar una acusación”.

Hace algunos días uno de los fiscales del caso, Omar Mejillones, reveló que el dueño de la empresa española GPA Innova expresó que el precio por equipo es de 6.600 euros (unos 7.429 dólares), pero en la factura "asciende a 28.080 dólares". Para justificar este monto "desmantelaron el equipo" y habría un daño económico al Estado de unos 3 millones de dólares.