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El ministro de Justicia, Iván Lima, planteó una amnistía en los procesos penales donde no existan pruebas y que afecten a grupos políticos, para encaminar una reconciliación nacional.

La autoridad informó en una entrevista en el programa Qué Semana, de EL DEBER Radio que planteó esta idea de forma personal al gabinete del presidente Luis Arce Catacora, pero todavía no obtuvo una respuesta.

Para Lima es necesario implementar el perdón debido a que en los últimos años el Ministerio Público, en algunos casos, ha actuado más por presiones políticas y sin tener pruebas contundentes. Dijo que a través de simples denuncias se abrieron procesos largos contra personas inocentes.

"Varias veces en el gabinete he pedido que se dicte una amnistía y todavía no logro que se apruebe esto. Tiene que haber una amnistía en los casos donde no existan pruebas en el proceso penal", insistió.

En este contexto, afirmó que hay personas "de grupos políticos que están sufriendo por un sistema penal indolente".

"Yo no hablo solo por los hechos del año pasado sino en general. Conozco personas que tienen procesos desde 1997. Tengo una amiga que fue alcaldesa en La Paz, con un proceso de 1998. ¿Se imagina tener un juico por tantos años cuando la regla es que deben durar tres años?", cuestionó.

Insistió en que al hablar de amnistía plantea un proceso serio de reconciliación. No obstante, sostuvo que delitos relacionados con lesa humanidad y contra los derechos humanos, cometidos en el Gobierno del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, no tendrán perdón.

Más allá de eso, Lima sostuvo que es necesario pensar en el perdón judicial porque el sistema penal funciona mal todo este tiempo.

"Hay en La Paz casos agendados hasta el 2022, y el próximo año no lo van a atender", dijo.

Hechos de 2019

Sobre los conflictos ocurridos en 2019 a raíz de las fallidas elecciones, que fueron anuladas por indicios de fraude, y que derivaron en la renuncia del expresidente Evo Morales, dijo que es hora de empezar a cerrar heridas y esperar el informe de la Comisión de Expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Entre octubre y noviembre de ese año se registraron 37 muertes. Todos fallecieron a raíz de los disturbios generados por el fallido proceso y la renuncia del expresidente Evo Morales. Las víctimas fueron civiles que estaban a favor y en contra de la continuidad del ex jefe de Estado.

Una vez conocido el informe dijo que es necesario pensar en una amnistía como construcción social; que lleve al país a sanar las heridas, apostando por el diálogo de ambos bandos.

“Lo que quiere el Gobierno es una reconciliación nacional, se nos viene una crisis profunda, tenemos la pandemia. No me veo mirando al pasado todo el tiempo. Hay que empezar a cerrar heridas, y veo el momento propicio cuando salga el informe de la CIDH y habrá muchos meses para discutir una amnistía real”, señaló.

Cambios en la justicia

La autoridad también lanzó duras críticas al sistema judicial. Cuestionó al Consejo de la Magistratura que, según él, centralizó la justicia y no resolvió los problemas.

Criticó duramente la transparencia del sistema judicial y en especial de algunos jueces; que no han actuado con independencia. Plateó que para recuperar esa independencia es necesario establecer la carrera judicial y que los magistrados sean designados de forma indefinida.

Esto para evitar la parcialización hacia los gobiernos de turno, o favoreciendo a aquellas personas con poder económico.

Auditoría de la OEA

Con relación al fallido proceso electoral de 2019, según Lima, la auditoría realizada por la Organización de Estados Americanos (OEA) no respetó los acuerdos previos realizados con Bolivia.

“Había condiciones y los pactos no se han cumplido. Una auditoria no puede hacerse por un método aleatorio. Se tenían que haber revisado las 35.000 actas”, dijo.

Dejó en claro que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, tiene un grado de responsabilidad en los hechos que derivaron después de este proceso. 

Incluso sostuvo que las Madres de Mayo y Adolfo Pérez Esquivel, permio Nobel de La Paz, presentaron una denuncia ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) contra la máxima autoridad de la organización, por su supuesta injerencia en el proceso electoral boliviano.



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