Ministro de Justicia reacciona y asegura que Mesa será juzgado por daño económico al Estado
Lima asegura que el expresidente no se acogió a la amnistía que decretó Evo Morales en 2018 por "un cálculo político"
Mientras el expresidente Carlos Mesa cuestionó la oportunidad política que aplica el Movimiento Al Socialismo (MAS) para juzgarlo por el caso Quiborax, el ministro de Justicia, Iván Lima, adelantó que debe someterse a los tribunales.
“Mesa se siente superior al resto de los bolivianos y no quiere responder ante la justicia. Es responsable, ha generado al país un daño económico de millones de dólares, no es un tema menor”, afirmó Lima.
La Comisión Mixta de Justicia Plural de la Asamblea Legislativa aprobó en los últimos tres meses una veintena de proposiciones acusatorias con miras a juicios de responsabilidades. La entidad legislativa validó esta semana las acusaciones contra Mesa por el caso Quiborax; Alfredo Rada por el caso La Calancha; y Gonzalo Sánchez de Lozada por el caso de Fondesif.
Estos procesos, muchos de ellos con 10 años de antigüedad, se validaron poco antes de la llegada de la proposición acusatoria planteada contra la expresidenta Jeanine Áñez por el caso de las masacres de Senkata y Sacaba, además de otros casos por supuestas irregularidades cometidas durante su gestión de gobierno.
“Mesa argumenta que el responsable es Pablo Menacho y Héctor Arce (ambos exprocuradores del Estado), pero tiene que decir eso ante un fiscal y ante un juez, no ante los medios”, remarcó el ministro de Justicia.
El expresidente y líder de la alianza opositora Comunidad Ciudadana (CC) recordó que cuenta con una amnistía presidencial que fue firmada por Evo Morales en 2018 para encarar un diálogo político de largo plazo sobre la demanda marítima. Sin embargo, Bolivia perdió este litigio que fue planteado contra Chile ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
“El señor Mesa tiene que entender que la amnistía que le otorgó el expresidente Evo Morales, requería que él realice una sola acción, que lleve su Cédula de Identidad y diga a las autoridades —que en ese tiempo llevaban el caso— que quería acogerse a la amnistía; él estaba como candidato, habrá hecho un cálculo político, no sabemos, pero decidió no acogerse. La amnistía tenía un plazo de 365 días; Tuto Quiroga se acogió y Mesa no lo hizo”, remarcó Lima y recordó que el plazo vencía una semana antes de las elecciones de 2019,
Caso Quiborax
Quiborax comenzó a operar en Bolivia en 2001 con la exploración del mineral no metálico de ulexita en el salar de Uyuni, en el departamento de Potosí, a través de una sociedad con Non-Metallin Minerales SA.
En 2004, tras la emisión del Decreto Supremo 27589 durante el Gobierno de Mesa, se determinó revertir las concesiones mineras que tenía Quiborax en esa región potosina.
Dos años después, la minera chilena, al no lograrse acuerdos de compensación con el Gobierno, demandó al Estado boliviano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) por $us 66 millones.
En septiembre de 2015, Ciadi falló a favor de Quiborax, estableciendo en $us 48,6 millones del monto de indemnización. Bolivia apeló la decisión; sin embargo, en 2018 se desahució el laudo nacional. Al final, en la gestión de Evo Morales se pagó $us 42,6 millones a Quiborax, tras un acuerdo entre partes.
Mesa considera que ese fallo generó el daño económico al país y no así la decisión de su gobierno de “nacionalizar el salar de Uyuni”.
