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El ministro de Salud y Deportes, Jeyson Auza, anunció este lunes que desde la Unidad de Trasparencia de esta cartera de Estado se realizarán investigaciones, en el ámbito administrativo, sobre los presuntos “contratos fantasmas” que se detectaron en la Caja Nacional de Salud (CNS) de la ciudad de La Paz. La autoridad advirtió que serán implacables y que se identificará a todos los autores involucrados en este escándalo de corrupción.

"Nosotros vamos a ser implacables con esta situación. Si bien la Caja Nacional de Salud tiene su autonomía jurídica, su autonomía técnica, su autonomía administrativa, autonomía económica, eso no convierte a la Caja Nacional de Salud en una isla y nosotros desde el Ministerio de Salud, desde nuestra Unidad de Transparencia, vamos a realizar las investigaciones necesarias", manifestó el ministro, según publica la agencia estatal de noticias ABI.

Hasta la fecha, el Ministerio de Salud identificó 23 casos con nombres y apellidos, posibles involucrados en la aparición de 80 contratos fantasmas. Y hay tres personas para quienes se dictó detención preventiva en centros penitenciarios de La Paz. No se descarta que se encuentren más implicados.

Auza cuestionó que personas oculten documentación sobre el caso. Indicó que esto no afectará a la investigación y que desbaratará a “estructuras de corrupción”.

También se comprometió a colaborar con las investigaciones al Ministerio Público para esclarecer este hecho e identificar a todos los responsables. “Nos interesa saber la verdad de los hechos”, apuntó.

El escándalo de los contratos fantasmas

El escándalo de los contratos fantasmas se destapó luego de que se hicieran públicos los 800 'ítems fantasmas' en el municipio de Santa Cruz de la Sierra. Esto luego de que el proceso de divorcio del implicado Antonio Parada, que trabajó también como Jefe de Recursos Humanos de la CNS, revelara cómo operaba una red en instituciones públicas.

En el caso de la Caja Nacional de Salud, la Fiscalía estima que son cerca de 80 contratos fantasmas y el presunto daño económico al Estado “asciende a Bs 137.000 aproximadamente”. 

Hasta la fecha, hay nueve personas sindicadas en este hecho y tres de ellas ya tienen detención preventiva.

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