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Marcelo Navajas, ministro de Salud, tendrá que acudir a declarar por el sobreprecio en la adquisición de 170 respiradores ante la emergencia sanitaria por Covid-19. El Estado pagó casi cuatro veces más por la herramienta que, incluso, tuvo que ser actualizada para tener funcionalidad en el país.

Es correcto, el ministro de Salud será convocado a declarar, porque él es la unidad solicitante de estos equipos y se debe aclarar por qué la necesidad de esos equipos. Ya tienen dos observaciones estos equipos, primero si servían o no para la crisis sanitaria, y después por qué del sobreprecio”, adelantó el titular de Justicia y Transparencia Institucional, Álvaro Coímbra, en entrevista con la red Uno.

En la víspera surgieron más dudas por la adquisición, debido a que la empresa española GPA Innova vende cada respirador, en su versión básica, la que fue solicitada por los intermediarios para Bolivia, en unos 6.567 dólares, pero se pagó 27.683 dólares.

La autoridad reveló que existía una segunda oferta que ofrecía los mismos equipos en 12.000 dólares, incluyendo el traslado al país, pero se optó por la otra oferta, razón por la que se ordenó al Ministerio de Economía la paralización del pago del otro 50 por ciento restante, abriendo un proceso de conciliación con la importadora.

De entrada, nos llama la atención lo que se pagó. Ya el 15 de mayo nosotros habíamos solicitado revisar el proceso de contratación y hasta ayer no se nos había entregado la documentación. Por qué se oculta la contratación a una entidad como el Ministerio de Transparencia”, agregó el ministro.

Coímbra reveló también que son cuatro las personas directamente involucradas que deben ser aprehendidas. Ayer dos ya fueron detenidas, Fernando Valenzuela Billewicz, director jurídico del ministerio de Salud, y Geovanni Pacheco Fiorilo fue posesionado el 29 de abril como director ejecutivo de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM).

“Hemos solicitado que se secuestre la contratación y que se precinten las oficinas y más allá de las cuatro personas que se ha solicitado que sean aprehendidas y declaren, se va a llamar a todos quienes han tenido relación con el proceso de contratación”, agregó el ministro.

Enfatizó que “un proceso de contratación se inicia en base a una necesidad, en base a los decretos, en este caso, compras directas por la necesidad, porque todo mundo está peleando equipos en el mercado internacional, pero se debió tener criterios de razonabilidad y favorabilidad, significa que los precios deben ser razonables en función a lo que se está comprando”.

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