Ministro Lima descarta aplicar este año la reforma judicial promovida por juristas independientes

El ministro de Justicia, Iván Lima, dijo que el Gobierno no tomó partido frente a la iniciativa ciudadana del grupo de Juristas Independientes que impulsa un referéndum para reformar la justicia por la vía de un ajuste de la Constitución Política del Estado.  

La autoridad consideró que ya no hay tiempo para realizar el proceso este año, ni mucho menos antes de la elección de los 23 magistrados y tres consejeros del Órgano Judicial.

“No hemos tomado partido. No estamos a favor ni estamos en contra de la consulta planteada. Nuestra consulta siempre fue en relación a los tiempos”, afirmó Lima poco después de recordar que, cuando comenzó la gestión de gobierno, no logró los consensos para esta reforma.

Pero la idea de la iniciativa ciudadana es llevar adelante la consulta ciudadana antes de las elecciones de magistrados del Órgano Judicial. Actualmente, la selección de candidatos está en manos de la Asamblea Legislativa, cuyas decisiones están bajo el control del MAS.

En las dos anteriores elecciones judiciales, celebradas en 2011 y 2017, el porcentaje de los votos blancos y nulos fue mayor al que lograron los candidatos. Los Juristas Independientes plantean que el mecanismo de selección debe ser apolítico a través de organizaciones académicas y de la sociedad civil.

El partido gobernante presentó hace dos días el reglamento del procedimiento con miras a las elecciones judiciales de octubre y tomando en cuenta la finalización del mandato de las 26 máximas autoridades judiciales, prevista para el 31 de diciembre de este año.

Si la reforma judicial prospera, se ajustarán 15 artículos de la Constitución. Para ello se requiere la aprobación de cuatro preguntas. Pero para ello se necesita reunir 1,5 millones de firmas hasta el 23 de abril que deben ser certificados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

La abogada Audalia Zurita, que es parte del los juristas independientes, dijo que “faltan manos” para atender la demanda de las personas que quieren adherirse a la iniciativa.

La jurista explicó que el TSE debe enviar las preguntas del referéndum al Tribunal Constitucional (TCP) para el respectivo control de legalidad. Esta entidad no tiene plazos específicos para este caso y puede demorar hasta tres meses.

Sin embargo, los juristas creen que habrá una presión ciudadana, precisamente por la urgencia de la reforma, para que el TCP valide el proceso.

“Hay un clamor popular y será una demanda promovida por un millón y medio de ciudadanos que podrían trasladarse a la ciudad de Sucre y ejercer presión y lo van a hacer”, afirmó.

LAS PREGUNTAS

1. ¿Está de acuerdo con reformar parcialmente la Constitución para garantizar una Justicia con jueces y magistrados independiente, imparciales, transformando radicalmente la selección y designación de estas autoridades, sobre la base de comprobación pública de la capacidad, idoneidad y probidad de los postulantes?

2. ¿Está de acuerdo con reformar parcialmente la Constitución para garantizar una asignación presupuestaria mínima, pero digna, al Órgano Judicial con un 3% de todo el presupuesto general, de forma anual y bajo la administración de un Consejo de la Magistratura reinstitucionalizado?

3. ¿Se debe reformar parcialmente o no la Constitución para garantizar que las naciones y pueblos indígena originarios campesinos resuelvan sus conflictos jurídicos en el marco de aplicación de su derecho consuetudinario?

4. ¿Está de acuerdo con reformar parcialmente la Constitución para crear la justicia de paz, con jueces de paz en cada barrio de las ciudades que puedan resolver de manera oportuna pronta y efectiva los conflictos menores, sobre la base de la equidad, evitando la retardación de justicia, evitando los gastos innecesarios?