Ministro Lima dice que denunció al juez Amaru por liberar a delincuentes, pero prefiere destacar su decisión ‘histórica’ contra Añez

"Hay que diferenciar la persona de la decisión", así respondió el ministro Iván Lima sobre las denuncias que tiene el juez Marco Antonio Amaru por liberar delincuentes y a quien recientemente se declaró competente para enjuiciar a Jeanine Añez por la masacre de Senkata. La autoridad estatal reiteró que la decisión es histórica porque luego de tres años se investigarán los hechos de 2019.

"Yo no defiendo a Amaru y es más, revise los expedientes, yo soy el que lo acusó y denunció. Pero tengo que creer en los principios y en la Constitución y defenderla. Esta situación que se está presentando muestra la decisión equivocada de mostrar a los privados de libertad en detención preventiva previamente como pasó con Amaru y con otras personas", sostuvo la autoridad estatal en el programa ¡Qué Semana!, que se transmite todos los sábados por EL DEBER Radio.

Agregó que la decisión de Amaru puede ser apelada en cinco instancias en el país; sin embargo, estas dependencias, actualmente, están siendo observadas por la opinión pública como parciales a intereses políticos y del Gobierno.

Lima reiteró que le parece "inapropiado" mostrar ante la prensa a personas sin una sentencia condenatoria y ejecutoriada porque la población ya lo considera como "culpable, responsable y condenable y cuando el pacto de San José dice que no se debe hacer".

Sin embargo, cuando se le consultó sobre la decisión de su par Eduardo Del Castillo de mostrar a detenidos ante las cámaras de medios de comunicación incluido el gobernador Luis Fernando Camacho, dijo que el caso se encuentra ante los tribunales y debe ser el ministro de Gobierno quien deba responder sobre este caso.

"El principio de inocencia impide que ocurra eso solo cuando hay autorización del abogado defensor y del imputado se puede exhibir a una persona. No voy a entrar en la contradicción que me señala, yo creo que es importante que el ministro de Gobierno manifieste su postura que creo tiene razones jurídicas para mantenerla y recuerde que este caso (del gobernador cruceño) está ante los tribunales", manifestó.

Sobre la decisión de procesar a Añez por la vía ordinaria y no por un juicio de responsabilidades, dijo que la jurisdicción boliviana permite una instancia única y que de lo contrario si se va a un juicio de responsabilidades podía ser sujeto de anulación por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

Consultado sobre el parecer del expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé y la exdiputada Susana Rivero, quienes coincidieron que los expresidentes deben ser procesados con un juicio de responsabilidades, dijo que hay conflicto de intereses.

"El doctor Eduardo Rodriguez Veltzé ha sido sometido a un juicio de responsabilidades por los misiles chinos y su familiar ha sido declarado rebelde. Creo que a él no le interesa que avancen los juicios de responsabilidades y que se aclare el marco normativo, cuando hay un conflicto de interés es muy difícil opinar libremente", aseguró.

En el caso de Rivero, aclaró que no lo ve como un tema de discrepancia sino como un tema conceptual que ha planteado la exministra, al decir que los exmandatarios "golpistas o constitucionales" merecen ir a un juicio de corte.

Visita de la CIDH

El ministro Lima abordó también la llegada del relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Joel Hernández, para revisar los avances de las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). Aclaró que durante un año se hará el seguimiento y se entregará un informe preliminar.

"Van a tener un año de trabajo junto a nosotros de seguimiento y en ese año pretenden dar un informe de medio término para identificar cuánto ha avanzado el estado boliviano y dónde están los problemas para implementar el informe y las 36 recomendaciones", informó.

En esa línea, aclaró que según la recomendación número 10 del Informe del GIEI, se pide no declarar amnistía a las personas procesadas por los hechos violentos de 2019. Por tanto, dijo que el pedido del cabildo nacional es improcedente.

"La recomendación número 10 habla de que no se puede decretar amnistía por los delitos relacionados en el informe y que constituyen graves violaciones a los derechos humanos. Se recomienda que no declaremos amnistías como en este momento en el cabildo de Santa Cruz se ha solicitado", manifestó.

Los miembros de la CIDH se reunieron con las víctimas y también con las instituciones del Estado. Dentro de estos mandatos dejados, la ministra de Culturas, Sabina Orellana, deberá continuar con el trabajo de erradicación del discurso de odio.

Transformación de la justicia

La agenda sobre la reforma del sistema de justicia se desarrolló de forma amplia esta semana. Mientras los juristas independientes recogen firmar para ir a un referéndum constitucional para cambiar la forma de elección de jueces, el Legislativo y el Tribunal Supremo Electoral (TSE) continúan con el calendario de preselección de candidatos y los preparativos para las elecciones judiciales de octubre.

El ministro Lima considera necesario avanzar en el diálogo con los sectores sociales para compatibilizar agendas ya que los plazos de ambas actividades difieren.

"Dos agendas y con plazos diferentes y la salida es dialogar con quienes tienen representación parlamentaria y los que no", afirmó.

En esa línea, lamentó que aún exista una corporación criminal en el sistema judicial a la que se debe combatir y que en algunos casos ha llevado al Estado a instancias internacionales como el caso Blas Valencia.

El Gobierno deberá indemnizar, según mandato de la Corte IDH, a un total de 26 víctimas con el pago de $us 800.000 en un año. Lima informó que coordinará con el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, para hacer el pago lo más pronto posible.

Hablando de las vulneraciones de derechos que se cometen en el país, el ministro Lima y la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, viajarán el 9 de febrero a Washington para rendir cuentas de las agresiones a periodistas y sobre la libertad de expresión en Bolivia ante el relator especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Pedro Vaca.

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