(+VIDEO) En el paro nacional del 11 de octubre, el ministro quiso desbloquear por su cuenta algunas zonas en Santa Cruz. Los sectores movilizados rechazan que el Gobierno busque politizar la medida que se da por la no abrogación de la Ley 1386

El Deber logo
20 de octubre de 2021, 21:30 PM
20 de octubre de 2021, 21:30 PM

Mientras el aparato de comunicación estatal busca minimizar y suavizar la postura firme de diferentes sectores cuentapropistas ante la no abrogación de la Ley 1386, el ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, advirtió que las movilizaciones de los transportistas para este jueves en el país conllevarían a una pérdida de Bs 7 millones.

La autoridad sostuvo que ya se ha reunido con sectores ligados al transporte federado, cooperativista y los que van por libres, con quienes se habría acordado que la economía se reconstruye de otra manera.

Sin embargo, las movilizaciones y marchas anunciadas para este jueves se mantienen vigentes, una vez cumplido el plazo de 72 horas que se dio al Gobierno para abrogar la Ley 1386, norma que se refiere a la Estrategia de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo.

En este sentido, Montaño expuso que este jueves se reunirá con los dirigentes de los transportistas para saber "cuáles son los miedos" a esta ley y que se someterá a un debate (sin embargo, la ley ya está promulgada, por lo que el pedido específico es la abrogación de la misma).

Entretanto, el Gobierno se empecina en afirmar que las movilizaciones convocadas en diferentes regiones del país "se derrumban", recogiendo declaraciones de algunos dirigentes para manifestar que no habrá paro o movilizaciones. No obstante, EL DEBER constató que la emergencia se mantiene.

Mientras que el propio ministro Montaño se encargó de darle otro tinte a las movilizaciones señalando que hay políticos con intereses ocultos generando miedo en varios sectores de la población, al cuestionar la Ley 1386.

Vea parte de la conferencia:“Mañana (jueves), con seguridad habrá influencia de políticos opositores. Yo quiero recordar a mi pueblo, a mis hermanos transportistas y a mis hermanos gremiales, que hace más de 96 años venimos trabajando y luchando contra lo ilícito y estas ganancias ilícitas provienen del narcotráfico, de la trata y tráfico y contra eso siempre se luchó”, enfatizó, según un boletín. 

Asimismo, cuestionó el discurso de la oposición, cuando vertían acusaciones de terrorismo. “Recordarle a la oposición cuando nos decían a nosotros que éramos terroristas y ahora que se aprobó la ley en contra de los terroristas, son ellos los que ahora meten miedo”, dijo el ministro.

Sin embargo, los sectores rechazan que el Gobierno quiera politizar las movilizaciones y señalan que la demanda de abrogación de la ley emerge desde el pueblo y no así desde las esferas políticas como apuntan desde el oficialismo.

La búsqueda de acercamiento de Montaño con el sector gremial y de transporte se da después de que la propia autoridad minimizara las protestas del 11 de octubre, cuando se dio un paro nacional ante la no atención del Estado.

Salgan a las calles a desbloquear no puede ser que algunas personas que tienen cuentas con la justicia nos estén perjudicando, todos a desbloquear, hay que desbloquear”, manifestó el pasado 11 de octubre.

Por otro lado, el diputado Héctor Arce (MAS), consideró este miércoles que detrás de los anuncios de movilización en contra de la Ley 1386 figuran intereses de políticos de oposición de las bancadas de Creemos y Comunidad Ciudadana (CC).

“El Gobierno tomó una sabia decisión, se ha retirado ese proyecto de ley (contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas), que era el pedido de los movimientos sociales. Al día siguiente, vienen con que se debe abrogar también esta ley (1386), que ya está en vigencia. Detrás de esto, vemos nomás la infiltración de la derecha, de las bancadas de CC y Creemos que ahora piden la abrogación de la norma (que lucha) contra este flagelo que hace daño a la sociedad”, sostuvo Arce.

Asimismo, el legislador negó que el Gobierno nacional tenga intenciones de incluir el proyecto de Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo en un Decreto Supremo.