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Alberto Javier Morales Vargas volvió a ser posesionado este miércoles como procurador General del Estado, a seis días de la objeción que aprobara la mayoría del MAS en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

La presidenta Jeanine Áñez restituyó en sus funciones al jurista, que en su momento reveló el informe de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), que alerta sobre los movimientos económicos “irregulares” del candidato del MAS Luis Arce Catacora.

Morales asumió el cargo el 21 de septiembre, en lugar de José María Cabrera, y el 8 de octubre fue notificado con la resolución del Legislativo que objetaba su designación por supuestamente haber participado de un proceso contra el Estado.

Morales calificó de "irracional, baladí y atemporal" ese argumento, porque la última actuación procesal suya fue el 1 de septiembre de 2015 en una acción de amparo constitucional, y su nombramiento fue el 17 de septiembre de 2020, por tanto, el supuesto impedimento legal está fuera de tiempo.

Mientras que desde el Gobierno se atribuyó el pedido de destitución a que el personero no se “doblegó” al poder del MAS, porque realiza investigaciones contra Luis Arce y también en el caso fraude electoral en los comicios de 2019.