Key Romina Lobo Guarachi, de 26 años, falleció la madrugada de este miércoles en el Hospital Viedma de Cochabamba, luego de permanecer 15 días en terapia intensiva por las graves lesiones que presuntamente le provocó su pareja en el municipio de Entre Ríos, en el trópico cochabambino. Con su muerte, la Fiscalía anunció que el caso será investigado como feminicidio.
La joven permanecía internada desde el 23 de junio, fecha en la que, según la investigación preliminar, fue víctima de una violenta agresión atribuida a su pareja. Inicialmente, el proceso había sido abierto por el delito de tentativa de feminicidio, pero la tipificación será modificada tras el deceso de la víctima.
De acuerdo con los antecedentes del caso, la agresión ocurrió en el municipio de Entre Ríos. Las pesquisas señalan que el sospechoso golpeó a la joven y posteriormente la trasladó por la fuerza hasta inmediaciones de una discoteca, donde presuntamente continuó agrediéndola hasta dejarla inconsciente.
Posteriormente, el mismo hombre la llevó al Hospital de Entre Ríos. Al constatar la gravedad de las lesiones, el personal médico notificó a la Policía, lo que permitió la aprehensión del sujeto. Debido a su delicado estado de salud, la víctima fue trasladada al Hospital Viedma, en la ciudad de Cochabamba, donde recibió atención especializada.
El último reporte médico indicaba que la paciente había sufrido un infarto isquémico acompañado de una hemorragia cerebral, complicaciones que mantenían un pronóstico reservado. Finalmente, cerca de las 2:30 de la madrugada de este miércoles, los médicos confirmaron su fallecimiento.
El acusado permanece con detención preventiva en el penal de San Pedro, en el municipio de Sacaba. Tras la muerte de la joven, el Ministerio Público adecuará la imputación al delito de feminicidio y continuará con la recolección de pruebas y los peritajes para sustentar la acusación.
Familiares de Key Romina Lobo Guarachi exigieron que el caso sea esclarecido y que, de comprobarse la responsabilidad del imputado, se aplique la máxima sanción prevista por la legislación boliviana.