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El tercer juicio, esta vez por calumnia y difamación, que tiene instaurado el ex ministro de Gobierno, Arturo Murillo, derivó en el pedido de anotación preventiva de todos sus bienes y la declaratoria de rebeldía del procesado, informó el abogado acusador, Frank Campero.


“Nosotros iniciamos una acusación particular y el caso está en dos ciudades, en La Paz y también en Cochabamba, porque su domicilio está allá; las últimas noticias señalan que ha salido del país y por eso estamos pidiendo las medidas cautelares sobre los bienes muebles, inmuebles, cuentas bancarias para asegurar el resarcimiento de daños”, dijo el abogado.


Este caso nace de la demanda de Lourdes Pacheco, una ciudadana que vive en una provincia de La Paz y fue acusada falsamente por Arturo Murillo de ser la autora del secuestro de la bebé Samanta en el mes de septiembre. Hasta el momento apenas se pudo lograr la notificación en una de las casas que Murillo tiene en Cochabamba y no hubo más acción desde la Fiscalía.


El abogado aseguró que ellos esperarán la decisión del juez que será el encargado de fijar el monto del resarcimiento de daños a Lourdes Pacheco. Desde su perspectiva, el Gobierno debería impulsar también el proceso porque Murillo acusó a su cliente como ministro de Gobierno y por tanto comprometió la fe del Estado.


En su solicitud también pide que se lo declare rebelde y contumaz a la ley y sea juzgado en esa condición. Murillo publicó en sus redes sociales una disculpa dirigida a Pacheco, pero esta rechazó la misma y pidió que sea en persona. Ahora hay un tercer juicio que debe llevar la defensa del exministro.   


Las autoridades de la Policía ya informaron que Murillo se encuentra en Panamá y este, a través de una entrevista con EL DEBER, dijo que no revelaría el lugar donde se encuentra. Los denunciantes del caso creen que no aparecerá y por eso ahora se apunta a los bienes del exministro.


Según el portal de la Contraloría General del Estado (CGE), la exautoridad registró la suma de Bs 11.298.919 en bienes cuando presentó su declaración el mismo día que dejaba el país, el 6 de noviembre de 2020.