Murillo declaró en julio y dijo que no tenía nada que ver con la compra de gases
La imputación y orden de detención del exministro se emitió cinco meses después de que prestara su declaración ante los fiscales y cuando ya había fugado del país
El caso sobre la compra irregular de gases lacrimógenos se abrió el 4 de junio de 2020, un mes más tarde, la Fiscalía de La Paz convocó a los entonces ministros, Arturo Murillo y Fernando López a declarar por ser los principales involucrados; estos lo hicieron el 14 de agosto del mismo año, en esa declaración, Murillo deslindó cualquier responsabilidad en la compra de los equipos antimotines.
“Reitero y vuelvo a aclarar, el Ministerio de Gobierno a mi cargo no participó en este proceso de compra de gases y agentes, debido a que el Ministerio de Defensa fue el que se ocupó de realizar dicho proceso”, señala la declaración de Murillo ante el fiscal Luis Fernando Atanasio Fuentes. La misma respuesta fue esgrimida en tres oportunidades.
La declaración, a la que accedió EL DEBER fue tomada el 14 de agosto. Murillo dijo que conocía a Luis Fernando López, por una “relación laboral” y negó conocer a los ejecutivos de la empresa Bravo Tactical Solution con quienes realizó la negociación.
El 4 de junio de 2020 los entonces diputados del MAS, Elvira Rojas, Sonia Brito, Edgar Montaño, Ayda Villarroel, Juana Quispe, Remberto Calani y Franklin Flores presentaron una denuncia penal en contra de Murillo y López por la presunta compra de equipos antimotines con un sobreprecio de $us 2,3 millones.
Las preguntas
El fiscal preguntó a Arturo Murillo, por Brayan Samuel Berkam y Luis Berkman Littmann, sobre este último dijo conocerlo pero que había perdido contacto con él “desde hace mucho tiempo”. También le preguntaron sobre las llamadas a Brasil donde tiene su sede la empresa Cóndor y Murillo dijo no haberse comunicado jamás con esa empresa.
Sin embargo, las investigaciones dieron cuenta que fue el propio Arturo Murillo el que tramitó y acordó todo con la empresa Cóndor, que fue la vendedora del armamento. El 8 de junio, la ex Presidenta, Jeanine Áñez declaró ante el fiscal que los tres decretos fueron tramitados “por la vía rápida” a pedido expreso de los ministros de Gobierno y Defensa, Murillo y López, respectivamente.
Respecto de la declaración de Fernando López, el fiscal Edwin Quispe relató que el mismo dijo que fue en estricto cumplimiento de los tres decretos, aunque no se refirió que fueran tramitados por él y su colega de Gobierno de forma expresa ante la Presidenta.
“Fernando López indicó que su participación dentro del proceso fue estrictamente como máxima autoridad ejecutiva del Ministerio de Defensa, del mismo modo indicó que la compra y adquisición de material bélico fue en cumplimiento de los decretos emitidos con dicha finalidad”, dijo el fiscal.
En enero de este año, cinco meses después de esa declaración cuando Murillo y López ya no estaban en el país, la Fiscalía Departamental de La Paz recién emitió la imputación formal por los delitos de incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la Constitución y uso indebido de influencias. El entonces fiscal, Marco Cossio, aseguró que estaban pidiendo la detención preventiva de los prófugos en el penal de San Pedro.
