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Las declaraciones del viceministro de Régimen Interior, Javier Issa, sobre posibles órdenes de aprehensión contra los dirigentes Andrónico Rodríguez, Leonardo Loza y el ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi fueron desmentidas por el propio ministro de Gobierno, Arturo Murillo, quien dijo que no existen esas órdenes.


El ministerio de Gobierno no ha recibido ninguna orden, el viceministro (Javier) Issa se ha referido a lo que ya salió en la prensa; pero al ministerio de Gobierno no recibe ningún apremio, el Ministerio Público saca la orden y pide a cualquier policía que ejecute esa orden”, explicó el ministro Murillo.


El viceministro Issa dijo que había órdenes de aprehensión para varios dirigentes y según un informe de la Policía, son 11 dirigentes a los que se debe aprehender para que sean investigados por los bloqueos que sufrió el país desde el 3 de agosto.


Extraoficialmente, en la Fiscalía se conoció que no existía ninguna orden contra los tres dirigentes mencionados por el Gobierno, aunque admitieron que hay cinco órdenes contra otros que fueron identificados plenamente en los lugares de bloqueo, pero no se trata de ninguno que nombró Issa.


Recordaron que la única instancia que emite una orden de aprehensión es el Ministerio Público y no existe ninguna orden. Así, Murillo les conminó a cumplir su labor y empezar las investigaciones, reclamando además por la lentitud de las acciones desde la Fiscalía.


“Ese es un tema que tiene que ver el Fiscal General (Fausto Lanchipa), debe actuar de oficio y las fiscalías departamentales deben emitir los apremios, es el Fiscal General y los fiscales los que tienen responsabilidad sobre lo que ha pasado”, dijo el ministro.


La protesta


Los legisladores del MAS reaccionaron airados por la supuesta emisión de las órdenes de aprehensión, incluso este miércoles, el pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) resolvió encomendar a la Comisión Mixta de Derechos Humanos integrada por las comisiones de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral del Senado, además de la de Derechos Humanos de Diputados, un seguimiento minucioso a los procesos legales instaurados y los que se sigan contra quienes participaron en las movilizaciones de julio y agosto de este año.


Mientras, sigue en trámite el proyecto de Ley que presentó la diputada Betty Yañíquez para garantizar que los dirigentes no sean perseguidos. El Gobierno le recordó que las leyes son progresivas y que no se podrán aplicar en este caso.