El ministro cuestiona la resolución judicial que anula el decreto de conclusión del año escolar. Desde el Ministerio de Educación hablan de una intencionalidad política de la medida

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20 de agosto de 2020, 8:03 AM
20 de agosto de 2020, 8:03 AM

A pesar de la resolución judicial conocida ayer y que deja sin efecto la clausura del año escolar, el Ministro de Gobierno, Arturo Murillo, afirmó que no se retornará a las clases presenciales en la actual coyuntura de pandemia por coronavirus, "aunque tengamos que ir a la cárcel".

La autoridad cuestiona la decisión adoptada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que anula la resolución ministerial que consideraba concluido el año escolar 2020.

"Nosotros no vamos a volver a las clases presenciales aunque tengamos que ir a la cárcel el día de mañana, no lo vamos a hacer, porque eso significaría que nuestros niños se (podrían) contagiar, morir o llevar la enfermedad a sus casas y matar a sus abuelos, a sus padres", dijo según reporta la agencia ABI.

Agregó que la presidenta Jeanine Áñez y todo su gabinete de ministros privilegian la vida y no se permitirá por ningún motivo que los niños se expongan al coronavirus aunque les caigan encima "cien mil juicios".

"Yo le pregunto a usted, ¿mandaría a sus hijos a clases presenciales? Yo prefiero que se quede ignorante mi hijo en la casa a que se vaya a contagiar, yo estoy saliendo a trabajar, yo estoy saliendo a dar todo de mí para ayudar al país, pero no voy a permitir que mi hijo vaya a contagiarse para que después traiga el virus a la casa y contagie a sus abuelos", insistió Murillo en una entrevista televisiva.

El Ministerio de Educación, Deportes y Culturas, a través de un comunicado, dio a conocer que la resolución de la Sala Constitucional, presidida por el vocal Israel Campero, tiene "serias contradicciones, ambigüedades y poca claridad", por lo cual, decidió presentar un "recurso de complementación, aclaración y enmienda".

Entonces, "por este motivo y dado que esta resolución tiene que ser revisada por el Tribunal Constitucional Plurinacional, como dispone la Constitución y el Código Procesal Constitucional, para ser confirmada o revocada, no es definitiva ni final" la cuestionada determinación judicial, cita el documento con sello del Ministerio de Educación.

Además, dejó establecido que en este caso hay un "trasfondo político" porque el vocal presidente de la Sala Primera "fue designado en varios cargos por Héctor Arce Zaconeta, hombre fuerte del MAS (Movimiento Al Socialismo), como subprocurador, director general de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados. También fue asesor constitucional de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional, ejercida por Álvaro García Linera".

Por otra parte, según el mismo comunicado, se observó la presencia, en calidad de tercer interesado, al abogado José Antonio Eguino, exdirector jurídico del exministro de Educación, Roberto Aguilar, fungiendo como abogado de la defensora del Pueblo, Nadia Cruz, "conocida por su afinidad política con el MAS".

Por lo tanto, el Ministerio de Educación concluyó que "no queda duda que (esta polémica) determinación es una acción planificada por operadores políticos afines al MAS, que busca dañar y socavar la gestión educativa y poner en mayor riesgo la salud de los estudiantes, maestros y padres de familia". (ABI)