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Hoy, el ministro asistió al desfile cívico de Quillacollo y, mientras caminaba, la gente le gritaba: “¡Fuera (Arturo) Murillo, fuera asesino!”. Y algunas personas lanzaron objetos que llegaron a la seguridad de la autoridad. Él afirmó que no le causan ninguna molestia los silbidos, porque esta acción es parte de la democracia que recuperaron los bolivianos y acusó a la alcaldesa de Vinto, Patricia Arce, de acarrear gente para manchar los actos.

“Esa gente puede seguir gritando, lo que nos demuestra eso es que nosotros somos profundamente democráticos”, afirmó el ministro Murillo, quien recordó que, en noviembre de 2018, cuando un albañil, durante un acto público, gritó a Evo Morales: “Bolivia dijo No”, fue apresado y le fue prohibido hablar sobre el expresidente o asistir a eventos. 
  
Durante el desfile cívico, que se realizó este sábado por el 115 aniversario de Quillacollo, un grupo de personas abucheó y al ministro de Gobierno y el alcalde Héctor Montaño lamentó el hecho y pidió disculpas a nombre del pueblo de Quillacollo.

Ante ello, el ministro Murillo dijo que el alcalde “no se dio cuenta de que los que han gritado al final del desfile es gente traída del otro lugar, es gente acarreada de Vinto y es la mima persona que ha estado bloqueando, ha estado haciendo cosas que van en contravención de la Constitución Política del Estado y las leyes”.

La autoridad de Estado apuntó a la alcaldesa de Vinto, Patricia Arce, de estar detrás del hecho. “La alcaldesa de Vinto es una señora que está en busca de problemas y los va a encontrar”, afirmó el ministro. 

​Antecedentes

Ha sido una semana complicada para el ministro de Gobierno, Arturo Murillo. Todo empezó con el caso de la bebé Samanta, que fue raptada el martes en La Paz y, de pronto, se convirtió en tema de interés del Gobierno. Estos días, la autoridad presentó a la supuesta raptora de la infante, pero después pidió disculpas, porque se trataba de una equivocación de persona. Ahora, la mujer acusada, Lourdes Pacheco, manifestó que demandaría a Murillo por difamación hacia ella.  

Al caso también se sumó la defensora del Pueblo, Nadia Cruz, que denunció una grave violación a los derechos humanos de la mujer inocente y advirtió que el Gobierno cometió una serie de delitos como incumplimiento de deberes y uso indebido de información personal. Hoy, la Oficina en Bolivia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenó el “indebido señalamiento público” y advirtió que se “trastocaron” sus derechos.

“Resulta condenable el indebido señalamiento público a una mujer por el rapto cometido en contra de una niña, ilícito que debe esclarecerse diligentemente. La exhibición pública de la identidad de una persona inocente trastoca los derechos a la honra, dignidad e integridad”, escribió el organismo internacional en Twitter.