Murillo va a juicio civil en EEUU y el Procurador apunta a Cóndor, la fabricante de gases lacrimógenos

Se abre el proceso. El exministro de Gobierno Arturo Murillo comparecerá mañana ante las autoridades estadounidenses en el contexto de una audiencia preparatoria de la demanda civil planteada por el Estado boliviano por delitos de corrupción. Este caso está vinculado con el sobreprecio de más de $us 2.000.000 que se dio con la compra de un lote de gases lacrimógenos.

El anuncio fue realizado ayer por el procurador general del Estado, Wilfredo Chávez. La autoridad dijo que, una vez que concluyan las declaraciones preliminares, el juicio civil será en enero de 2024 en Miami, Estados Unidos, donde Murillo está detenido por delitos de soborno y fraude. La exautoridad se involucró con una intermediaria de ese país para comprar estos insumos, según investigaciones de la Fiscalía de Bolivia y de la Agencia de Seguridad estadounidense.

Chávez, en este contexto, reveló que la empresa brasileña Cóndor, fabricante de los insumos represivos, supo del sobreprecio que en 2020 significó una millonaria pérdida para el Estado. “Se ha logrado establecer que la empresa Cóndor sí conocía el sobreprecio y ha persistido, conociendo el sobreprecio, en la venta de los agentes químicos”, afirmó ayer el procurador durante una entrevista con el programa Identidades de ATB-Radio.

Este año —en la gestión de Eduardo Del Castillo— la misma empresa Cóndor se adjudicó la venta de otro lote de gases, esta vez por $us 9 millones. El Gobierno aún no detalló la cantidad ni las especificaciones de los pertrechos adquiridos con ese dinero. La autoridad no hizo mayores comentarios sobre este aspecto y enfocó su declaración en el proceso judicial contra el exministro Arturo Murillo.

Sostuvo que el propósito principal de su despacho es recuperar los fondos usurpados por Murillo cuando, tras la crisis política de noviembre de 2019, se contactó a la empresa intermediaria Bravo Tactical Solutions LLC (BTS).

Esa operación demandó $us 5,6 millones y se la hizo a través BTS que no fabrica estos insumos. Esta empresa le pagó a Cóndor sólo $us 3,3 millones y el resto se fue a la cesta del sobreprecio. El Procurador recordó que se recuperó algo más de un millón de dólares a través de un seguimiento que hizo junto al Ministerio de Gobierno. También dijo que se buscará recuperar los costos actuales de este proceso judicial. “El juicio se instalará en enero de 2024 y por este motivo ya se han tomado declaraciones con un calendario procesal”, apuntó y reveló que varios de los socios de Murillo, como Luis Berkman de BTS ya declararon en la fase preparatoria de este proceso civil.

También fue convocado Erick Foronda, quien fue secretario de la presidenta transitoria Jeanine Áñez. Se prevé, apuntó Chávez, que declare Mohammed Mostajo, exembajador de Ciencia y Tecnología durante ese gobierno. “Con las demoras que se han dado por las diferentes dilaciones que, en su momento, hizo en el juicio penal el señor Arturo Murillo, nuestro juicio ha tenido que diferirse porque varios de los testigos que teníamos en este proceso, eran testigos que tenían que declarar” en el proceso planteado por Estados Unidos, precisó ayer el procurador del Estado.

En 2021, el Departamento de Seguridad Nacional del Estados Unidos se querelló contra Murillo, a quien le acusó de conspirar para recibir sobornos y lavar dinero, dos delitos federales de “alta gravedad”. El exministro se inculpó y ahora cumple una pena de 70 meses en la prisión federal de Miami.

La compra de estos gases antidisturbios —100.000 proyectiles, 24.000 granadas y balines de goma— fue autorizada con tres decretos y uno de ellos validó el mecanismo para que el presupuesto del Ministerio de Defensa, empleado en la operación, pase al Ministerio de Gobierno que es la entidad que adquirió el material no letal en favor de la Policía. Por este motivo, está implicado Luis Fernando López, quien fue ministro de Defesa. La Ley 400 faculta únicamente al Ministerio de Gobierno para gestionar este tipo de municiones.

“Lo que hay que demostrar en este juicio, efectivamente, es que Bolivia ha sido afectada económicamente y hacer que el juez valore este elemento. Por eso, se están acopiando una serie de declaraciones”, precisó la autoridad.

La Policía, según la pesquisa que hizo la Asamblea Legislativa en 2020, solicitó este material a inicios de 2019, cuando Evo Morales aún era presidente. En función de este documento, se halló evidencia de un contrato directo entre el Gobierno y la empresa brasileña Cóndor. Ese contrato fue firmado el 2 octubre de 2019, antes de la renuncia de Evo, entre el representante de la empresa Cóndor, Horacio Rafael Guzmán Escobar, y el entonces viceministro de Defensa, general, Luis Begazo Ampuero, se lee en los antecedentes de la pesquisa del Ministerio Público.