Naciones Unidas cuestiona que el juicio a Áñez se hizo a distancia y formula otras cinco observaciones

La ambigüedad de los delitos, el uso excesivo de la detención preventiva, las audiencias virtuales, el juicio en rebeldía, el acceso a la prueba testifical y el excesivo número de acusadores, son parte de las seis observaciones realizadas por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Bolivia, respecto del caso ‘golpe II’.

La organización internacional afirmó en su comunicado que estas observaciones no constituyen una injerencia en el sistema judicial boliviano y son parte de las reformas judiciales que debe encararse a futuro.

En su comunicado, Naciones Unidas observa que el proceso contra la exmandataria, militares y policías se realizó en ausencia de los acusados, lo que les impidió una defensa adecuada, la presentación de pruebas y la posibilidad de que se respeten sus derechos humanos.

“La observación se realizó a invitación de las autoridades competentes y tras ser aceptada por el Órgano Judicial y las partes del proceso. La misión se centró en observar el respeto al debido proceso y la transparencia en los procedimientos judiciales, sobre la base de las normas, estándares y jurisprudencia internacionales, incluidos los tratados de Derechos Humanos ratificados por el Estado Plurinacional de Bolivia. La observación no examina la evaluación de hechos y pruebas llevadas a cabo por el Tribunal. Tampoco es objeto de observación comentar o refrendar las conclusiones del Tribunal sobre la responsabilidad penal de la y los acusados”, señala el preámbulo del documento.

El 28 de marzo el Gobierno informó que el representante de este organismo estaría presente en las audiencias del juicio, luego de la firma de un acuerdo. Según el documento publicado se trata de un “informe preliminar”, lo que hace suponer que habrá un informe final del caso.

El primer punto de las conclusiones la Oacnudh afirma que el tipo penal de incumplimiento de deberes es incompatible con el principio de legalidad recogido en varios tratados de derechos humanos por ser excesivamente amplio y ambiguo.

El segundo punto del reporte critica el excesivo uso de la detención preventiva de los acusados por el mismo hecho, pero bajo distintos delitos. La expresidenta lleva 15 meses como detenida preventiva y casi el mismo tiempo de los otros acusados. Asimismo, observa que esta medida debía ser revisada periódicamente, lo que no sucedió en este caso.

“El formato virtual e híbrido de las audiencias decidido por el Tribunal en este proceso judicial, en razón a las medidas para enfrentar a pandemia del Covid-19, así como de potenciales alteraciones al orden público, tuvo un impacto en el principio de publicidad, respecto al acceso físico del público en general y de los medios de comunicación”, señala el documento, en clara alusión a las medidas restrictivas de acceso a las audiencias virtuales para los periodistas.

El cuarto punto está referido al juzgamiento de las personas en rebeldía y señala que este tipo de decisiones afecta al derecho a la defensa de los acusados y que la asistencia de defensa pública que tuvieron impidió un trabajo eficaz para los acusados. Los generales, William Kaliman, Sergio Orellana, Jorge Fernández Torranzo y el general de Policía, Yuri Calderón fueron procesados y sentenciados en ausencia.

También se menciona la decisión del Tribunal de limitar la comparecencia del número de testigos. Los acusados habían presentado una nómina de al menos 100 testigos de descargo, entre los que figuraban los expresidentes Evo Morales y el exvicepresidente Álvaro García Linera. El Tribunal decidió que no escucharía a todos. Asimismo, el Tribunal resolvió sobre qué pruebas aceptaría y las que desestimaría, provocando el reclamo de los abogados defensores.

Finalmente, la Oacnudh observó la participación de “numerosas partes acusadoras” considerando que no hubo equilibrio en el proceso. Al margen de la Fiscalía fueron acusadores el ministerio de Gobierno, la Procuraduría General del Estado y el Senado.

“Las presentes observaciones que no afectan la independencia judicial, reflejan en gran medida los desafíos estructurales del sistema de justicia que requieren una respuesta integral basada en el enfoque o derechos humanos”, subraya finalmente el documento.