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El Sistema de Naciones Unidas en Bolivia (ONU Bolivia) emitió un comunicado este miércoles, enfatizando que “someter a una niña a un embarazo forzado está calificado como tortura” e instando a que se intensifiquen los esfuerzos para la protección de los derechos de las menores víctimas de violencia sexual y de gestaciones forzadas.

Considera esos hechos como “manifestaciones extremas de violencia por motivos de género, que se constituyen en actos de tortura”, expresando su “preocupación ante los alarmantes casos de violencia sexual y embarazos forzados en niñas menores de 15 años”.

“El embarazo de una niña no solo pone en riesgo su vida, su salud y su proyecto de vida, sino que también atenta contra su salud mental y emocional, su autonomía corporal, alentando y reforzando las desigualdades, el ciclo de la pobreza y la discriminación”, explica el organismo internacional.

En el país la gestación que lleva adelante una niña de 11 años, que fue víctima de abuso sexual, genera polémica. La menor abandonó en las últimas horas un centro médico y fue trasladada a un hogar administrado por la Iglesia Católica en Santa Cruz, para que siga con el embarazo, tras que su familia desistiera de la interrupción legal del mismo.

El pronunciamiento:

“Es imprescindible que, en caso de violencia sexual y embarazos, el Estado active los mecanismos de protección integral de manera oportuna, incluidos los servicios de salud, para garantizar el cumplimiento de las normas internacionales y nacionales vigentes para el ejercicio de los derechos de las niñas. Ellas y sus familias, antes de otorgar consentimiento o tomar una decisión, deben recibir información y orientación clara, científica y oportuna, respetando su confidencialidad y privacidad, evitando presiones sociales, religiosas o de otra índole que promuevan la revictimización y atenten contra sus derechos”, agrega el pronunciamiento.

Sostiene que el Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (CEDAW), en la Recomendación General 35, señala que la vulneración del derecho a la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y niñas, como la continuación forzada del embarazo, son “formas de violencia por razón de género que, según las circunstancias, pueden constituir tortura o trato cruel, inhumano o degradante”.

Asimismo, destaca que el Comité Contra la Tortura, en reiteradas oportunidades “ha establecido que la prohibición de la interrupción del embarazo puede constituir tortura o maltrato porque pone a las mujeres en riesgo de mortalidad materna evitable”.

Recalca que la Sentencia Constitucional Plurinacional 0206/2014 establece que la mujer y la niña podrán, como una opción, acceder a la interrupción legal del embarazo en caso de violación, incesto, estupro y cuando su vida o salud esté en riesgo.

Finaliza reiterando “la importancia de contar con una ley marco de derechos sexuales y derechos reproductivos compatible con otras normas referidas a la salud e integridad física, psicológica y emocional de las niñas, para poner fin al silencio y la impunidad, asegurando que ellas puedan alcanzar su pleno potencial y desarrollo”.

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