Bolivia presentó este martes ante la Red Mercosur una nueva estrategia para enfrentar al narcotráfico, centrada en golpear las estructuras económicas de las organizaciones criminales mediante inteligencia financiera, recuperación de activos y combate al lavado de dinero. El planteamiento fue expuesto por el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano Urenda, quien afirmó que la incautación de drogas ya no es suficiente para debilitar a las redes del crimen organizado.
Durante la XXXVII Reunión Especializada de Autoridades de Aplicación en Materia de Drogas (Red Mercosur), realizada de manera virtual bajo organización de Paraguay, la autoridad boliviana sostuvo que la lucha antidroga debe evolucionar hacia un modelo que ataque directamente las fuentes de financiamiento de las organizaciones criminales.
“Golpear la droga es necesario, pero golpear el patrimonio criminal es decisivo. Si no afectamos sus bienes, sus empresas fachadas, sus redes financieras y sus mecanismos de lavado, las organizaciones criminales se reconstruyen rápidamente”, afirmó Justiniano ante representantes de los países miembros del bloque regional.
El viceministro explicó que este enfoque constituye uno de los pilares centrales de la nueva Política Antidroga 2026-2030, diseñada sobre nueve ejes estratégicos que incluyen la desarticulación de organizaciones criminales transnacionales, el control de precursores químicos, el fortalecimiento institucional, la cooperación internacional y la recuperación de activos vinculados al narcotráfico.
Según la autoridad, las organizaciones criminales han diversificado sus mecanismos de operación y actualmente utilizan empresas aparentemente legales, redes financieras complejas y sistemas de lavado de dinero para ocultar ganancias provenientes de actividades ilícitas.
“El narcotráfico ya no puede ser enfrentado solo mirando el cargamento. Hoy debemos mirar también la ruta del dinero, la ruta de los precursores, la ruta logística, la ruta de la violencia y la ruta de la influencia”, sostuvo.
Justiniano remarcó que la cooperación regional debe avanzar hacia un intercambio más profundo de información financiera y patrimonial, permitiendo identificar activos ilícitos y rastrear operaciones económicas sospechosas que alimentan a las estructuras criminales que operan a nivel transnacional.
Durante su intervención, la autoridad también alertó sobre los riesgos que representan los escenarios de conflictividad social y debilitamiento del control territorial para la lucha antidroga.
“Debemos decirlo con claridad: no toda protesta tiene relación con el narcotráfico, pero el narcotráfico sí se beneficia del caos, de la ausencia de control territorial y de cualquier situación que impida la acción legítima del Estado”, afirmó.
En ese contexto, señaló que los bloqueos prolongados, la interrupción de rutas estratégicas y la reducción de la presencia estatal pueden afectar el trabajo operativo de las instituciones encargadas de combatir el narcotráfico, entre ellas la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), los equipos de inteligencia y las unidades de control de sustancias químicas.
La preocupación fue resumida por Justiniano en una frase que marcó su exposición ante los países participantes: “Donde el Estado retrocede, el narcotráfico avanza”.
El viceministro sostuvo que la presencia efectiva del Estado en zonas fronterizas, corredores estratégicos y regiones vulnerables constituye una herramienta fundamental para impedir que las organizaciones criminales amplíen su influencia territorial y fortalezcan sus redes logísticas y financieras.
Bolivia aprovechó el encuentro regional para reafirmar su compromiso con los mecanismos de cooperación internacional y promover una respuesta conjunta frente a organizaciones criminales que, según la autoridad, operan cada vez con mayor capacidad transnacional y sofisticación financiera.
La nueva estrategia antidroga boliviana busca consolidar una respuesta regional “más inteligente, más operativa y más efectiva”, enfocada no solo en la incautación de sustancias ilícitas, sino también en la desarticulación de los circuitos económicos que sostienen al crimen organizado en Sudamérica.