La investigación por el asesinato del decano del Tribunal Agroambiental, Víctor Hugo Claure, comienza a trazar sus primeras hipótesis en medio de un fuerte despliegue institucional. En una conferencia de prensa conjunta, el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos; y el comandante de la Policía Departamental, David Gómez, coincidieron en que una de las líneas iniciales señala a un posible conflicto por tierras, sin descartar otros móviles.
“Tenemos como una hipótesis de que sería un tema de tierras (…) por alguna resolución en cuanto a la posesión o aprovechamiento”, señaló Gómez, quien precisó que se trata de un análisis preliminar que se deberá confirmar o descartar en la medida que vaya avanzando la investigación.
El crimen se cometió la noche del jueves, 30 de abril, en Santa Cruz, donde Claure fue sorprendido por sujetos que llegaron en motocicleta y comenzaron a dispararle. La autopsia determinó que había recibido cuatro disparos que le causaron un traumatismo torácico grave, con daño en los pulmones y el corazón, lo que provocó un shock hipovolémico y su muerte.
Zeballos informó desde el Ministerio Público que se activó de inmediato una comisión de fiscales para investigar el caso junto a la Policía y a los peritos del IDIF. “Estamos reuniendo todos los elementos probatorios que nos permitan descubrir la verdad material e histórica de los hechos”, sostuvo.
En las primeras horas se realizó el levantamiento del cadáver, el registro del lugar del hecho y la recolección de al menos cuatro vainas servidas. Además, ya se ejecutaron las primeras declaraciones testificales, incluyendo la del conductor del taxi y la de la funcionaria que acompañaba al magistrado al momento del ataque.
El fiscal fue enfático en el alcance de la investigación: “Vamos a actuar con todo el rigor y con todo el peso de la ley para dar con los autores materiales e intelectuales”, afirmó, añadiendo que no se descarta la participación de cómplices o encubridores, incluso dentro de estructuras públicas.
En paralelo, la Policía activó un plan de resguardo para autoridades judiciales. Gómez confirmó que actualmente 13 magistrados cuentan con seguridad, tanto en sus desplazamientos como en sus lugares de estadía. “Se ha generado una cápsula de seguridad a favor de estos magistrados”, explicó, detallando que el operativo incluye traslados al aeropuerto y coordinación con comandos departamentales en otros departamentos.
Las medidas se extienden también a operativos de impacto en Santa Cruz y zonas fronterizas como Puerto Suárez, Puerto Quijarro y San Matías. “Estamos realizando operativos de alta intensidad (…) para desbaratar organizaciones criminales”, indicó el comandante, subrayando que el objetivo es restablecer la seguridad en la población.
La hipótesis de un conflicto por tierras añade un componente sensible a la investigación, considerando la conflictividad histórica en torno a la propiedad y uso de tierras en el oriente boliviano.