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No hay un plazo establecido para que Bolivia tenga una respuesta a la demanda que el Procurador General, José María Cabrera, en representación del Estado boliviano, interpuso ante la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya, contra el expresidente Evo Morales, el ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi y el dirigente cocalero, Leonardo Loza por crímenes de lesa humanidad.

El constitucionalista Germán Gutiérrez hace notar que este es un procedimiento largo y la denuncia es procesada en diferentes etapas, una de ellas es que el Fiscal de la Corte efectúa un análisis jurídico y se hace una investigación preliminar. "Es un procedimiento que puede ser de larga data".

Para Gutiérrez, llegar a este escenario internacional es una muestra de que en Bolivia hay problemas de orden político y jurídico, y que la poca o escasa institucionalidad, no marcha. 

Por su parte, el constitucionalista José Luis Santistevan indica que hay un estatuto que establece el procedimiento para este tipo de demanda y no hay un tiempo para que dé una respuesta sobre la admisión de la denuncia.

Explicó que ahora la fiscal de la CPI tiene esa denuncia, pero no tiene término perentorio, pero lo primero que hará es recabar toda la información sobre el caso y después se tomará el tiempo que considere conveniente. 

La Fiscalía puede decidir el inicio de la investigación si ve que hay materia suficiente y también puede informar que no la hay. El informe va a la sala de cuestiones preliminares y ahí se decide si procede la investigación y el procesamiento.

Santistevan cree que la campaña electoral se ha judicializado y hay una competencia sobre quién "lo mete preso a Evo y al MAS".

Sobre el tema, el constitucionalista Iván Lima, sostiene que con la denuncia de la Procuraduría se ha renunciado a la soberanía para investigar estos hechos, porque se acude a este organismo internacional cuando un país tiene la incapacidad de investigar crímenes de lesa humanidad. 

"El momento en que el Estado se rinde, reconoce su incapacidad para resolver y juzgar los crímenes que ocurrieron en su territorio debe acudir a la Corte Penal Internacional", enfatizó.

También coincidió que no existe un plazo para dar una respuesta. 

Sobre la demanda

“Presentamos la denuncia contra el expresidente prófugo en la Argentina y sus colaboradores, por la comisión de delitos de lesa humanidad, por actos inhumanos realizados con el cerco a las ciudades de toda Bolivia y el bloqueo de todos los puntos carreteros, lo que ocasionó grandes sufrimientos a la población y provocó el fallecimiento de al menos 40 víctimas por privación de oxígeno”, explicó el procurador.

La demanda hace énfasis en el bloqueo por más de 12 días y en plena emergencia sanitaria, que impidieron el abastecimiento de oxígeno, medicamentos y alimentos, causando daños a la población boliviana el mes de agosto.

El viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental, Israel Alanoca, que formó parte de la comitiva diplomática en La Haya, afirmó que el Gobierno espera que la Corte Internacional actúe con celeridad ante la denuncia, considerando que, a partir de la presentación de la misma se inicia el proceso de investigación preliminar.

En esa línea, Alanoca manifestó que, además de causar la muerte de 40 personas en el país por falta de oxígeno, se cometieron otros delitos como la agresión a periodistas, policías, personal médico y civiles por parte de estas organizaciones. 

Por su parte, el Procurador General subrayó que Bolivia, pese a haber sido signatario del Estatuto de Roma de 1998, no incorporó el delito de lesa humanidad a sus leyes internas, que es otra de las razones por las que el Estado boliviano acude a una Corte Internacional.

El estatuto de Roma establece que cuando un país no tenga la posibilidad de juzgar actos de lesa humanidad, la denuncia va a la Corte Internacional”, aclaró.