Nuevo procurador: “Estableceremos responsabilidades en la defensa de la Madre Tierra”

Tiene una maestría en Derecho Constitucional y Gestión Pública Judicial, diplomados en Gerencia Pública y Educación Superior.
César Adalid Siles Bazán es el procurador general del Estado desde hace un poco más de dos meses. Fue juez del Tribunal Administrativo de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) y desempeñó el cargo de magistrado y apoderado de Bolivia ante el Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina, fungió como viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, director general de Asuntos Jurídicos de la Cancillería, y director Jurídico de la Cámara de Senadores, también fue fiscal anticorrupción y supervisor legal de la Contraloría General, además de docente.

Estuvo en Santa Cruz la semana pasada, como parte de un recorrido por los nueve departamentos, anunciando su plan de gestión, entre otras cosas, planteó la bolivianización de los intereses del Estado, y anunció la incursión de la Procuradoría, por primera vez, en temas ambientales, debido a los incendios.

¿Cuáles son sus acciones sobre el medioambiente?
Hemos emitido, hace un mes, la Resolución Procuradorial 126/2023. Primera vez que la Procuraduría se pronuncia sobre la defensa ambiental.
Esta resolución emerge de los permanentes conflictos ambientales, quemas no autorizadas, y también minería ilegal.

Queremos hacer un relevamiento de procesos judiciales que hubieran concluido con sentencia en los últimos cinco años, pero también apuntamos al inicio de procesos, en los que la Procuraduría ya se constituya en parte para llegar a sentencias, a sanciones ejemplares.
Son 12 procesos en los que nos hemos apersonado ya a nivel nacional, en La Paz, Santa Cruz, Cochabamba y Beni; tenemos ocho detenidas preventivamente.

Un segundo frente es la norma, estamos haciendo un ordenamiento de normativa vinculada en la materia, para hacer ajustes, pedir abrogaciones, derogaciones, o en su caso nueva normativa, no solamente nacional, sino también la revisión de los tratados internacionales, entre estos el Acuerdo de Escazú, por ejemplo.

Un tercer frente es el mapeo institucional; a nivel nacional hemos pedido información sobre las funciones de cada entidad vinculada a la defensa del medioambiente, tenemos al Sernap, ABT, ministerio del área, Fiscalía, el Órgano Judicial, etc. Vamos, a establecer responsabilidades en caso de que no hubieran hecho un trabajo de defensa de la Madre Tierra.

Es más o menos un mes de trabajo, y de la resolución que se ha emitido hace un mes, me comprometo a tener dictámenes procuradoriales, por ejemplo, para el INRA, que haga un mapeo de todas las propiedades donde se han iniciado los incendios; para la ABT, para que me haga un resumen de todos los procesos administrativos y penales donde se hubiera apersonado, etc.

¿Se hará auditoría a la anterior gestión procuradorial?
El primer trabajo que hicimos fue un diagnóstico situacional de la Procuraduría. Creo que está bien identificar el problema, pero me gusta más encontrar la solución.

Hemos planteado la bolivianización en la defensa de los intereses del Estado. Hemos encontrado una Procuraduría que ha terciarizado con abogados extranjeros y nacionales externos la defensa de los intereses del Estado.
Solo en estos últimos años se han gastado 16 millones de dólares, no solo en la gestión de Wilfredo Chávez, para la contratación de abogados.
Planteo que estos 16 millones de dólares pudieron usarse en capacitación de los abogados de la Procuraduría, de las unidades jurídicas, de las universidades, etcétera.

El diagnóstico también ha arrojado como conclusión, no es un secreto, ya no está amparado por la confidencialidad, aunque es cierto que no puedo decir nombres, que hemos encontrado por lo menos seis contratos, de 11, más de la mitad, de los cuales tres están siendo rescindidos por la Procuraduría, porque no vemos la necesidad de esos abogados externos, bolivianos y extranjeros.
Otros tres contratos están en análisis, y posiblemente corran la misma suerte, de ser rescindidos, son seis contratos que van a ahorrar al Estado por lo menos un millón de dólares o más, porque algunos ya se han pagado.
Los otros seis o cinco contratos van a estar en curso, pero ya están concluyendo porque son para inversiones.

Producto de estas rescisiones efectivas, cuando ya termine el ciclo administrativo, nace la posibilidad de una auditoría, para determinar responsabilidades de quienes en su momento han intervenido los procesos de contratación.

En el caso de un bufete ecuatoriano, que cobró 150 mil dólares, de los cuales se pagaron 130 mil, no hubo una buena defensa, se pagó por poco, se debió supervisar el trabajo de ese bufete.

¿Será suficiente capacitar?
Estoy convencido de que sí, pero todo proceso es gradual, no puedo despedir a todos los abogados extranjeros internacionales, pero puedo avanzar gradualmente, estamos armando un equipo sólido y que no va a estar solo.
Qué mejor que un profesional boliviano para defender a su patria. Cuando el Estado decide instituir una Procuraduría, lo hace porque confía en ese abogado que lo va a defender.

¿Cuál será su relación con los medios? Wilfredo Chávez hablaba de ‘medios basura’
La Procuraduría General del Estado informa, y junto a su pueblo lidera la defensa de los intereses del Estado, ese es el fondo. Desde la primera semana que asumí el cargo, he convocado los medios de prensa para plantear mi plan de cambio de timón.

El 6 de diciembre voy a cumplir tres meses en el cargo, y voy a llamarlos nuevamente, ojalá pueda a nivel nacional, pero he visitado ya los departamentos, para mostrar a los medios qué avances tengo en este plan de gestión, y noticias, sean favorables o no.

Ya lo hice a los dos días de mi nombramiento, informando el resultado del arbitraje de Glencore, por 253 millones de dólares que el Estado tiene que pagar; también lo hice con Orlandini. Hace dos días hemos informado sobre los procesos locales que tenemos, como la modalidad de intervención, y lo voy a hacer permanentemente porque pienso que el pueblo necesita información. En algunos lugares me dijeron que no sabían qué hacía la Procuradoría.