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Nuevos delitos exponen a Marset a una condena de cadena perpetua en Estados Unidos

Martes, 30 de junio de 2026 a las 06:55

A poco del inicio de la fase decisiva del proceso judicial, los fiscales estadounidenses endurecieron la acusación contra Sebastián Marset al sumarle cargos de narcoterrorismo y tráfico internacional de cocaína. Las normas invocadas contemplan la cadena perpetua como pena máxima
 

La situación judicial de Sebastián Marset dio un giro que podría marcar el resto de su vida. La Fiscalía Federal de Estados Unidos presentó una segunda acusación formal contra el capo narco uruguayo, incorporando dos de los delitos más graves previstos en la legislación penal estadounidense: conspiración para cometer narcoterrorismo y conspiración para traficar cocaína por vía marítima bajo jurisdicción de ese país. Si ambas acusaciones prosperan, el presunto jefe del denominado Primer Cártel Uruguayo podría recibir una condena a cadena perpetua en una prisión federal norteamericana.


La nueva imputación fue revelada por la organización internacional Organized Crime and Corruption Reporting Project (Occrp) y, de ser cierta, representa un endurecimiento sustancial del caso que tramita la Corte Federal del Distrito Este de Virginia, donde inicialmente Marset enfrentaba únicamente cargos relacionados con lavado de dinero, por los que enfrentaba como máximo 20 años tras las rejas.


El primero de los nuevos cargos corresponde a conspiración para cometer narcoterrorismo, tipificado en el Título 21 del Código de los Estados Unidos, Sección 960 a, norma aprobada para sancionar a quienes participan en operaciones internacionales de narcotráfico, proporcionando apoyo material a organizaciones vinculadas con actividades terroristas. La disposición establece como pena máxima la cadena perpetua, además de multas millonarias.


La acusación sostiene que, entre 2018 y marzo de 2026, Marset habría conspirado para fabricar, distribuir y poseer cocaína con intención de comercializarla, mientras brindaba apoyo material a una organización involucrada en actividades terroristas. Según los fiscales estadounidenses, esa organización corresponde a la estructura criminal que el uruguayo dirigía y que movilizaba toneladas de cocaína desde Sudamérica hacia distintos mercados internacionales, especialmente Europa.


El segundo cargo incorporado es conspiración para poseer cocaína con intención de distribuirla a bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción de Estados Unidos, previsto en el Maritime Drug Law Enforcement Act (Mdlea), contenido en el Título 46 del Código de los Estados Unidos, Secciones 70503 y 70506, en concordancia con el Título 21, Sección 960. 


Dependiendo de la cantidad de droga atribuida —como ocurre en este caso, donde la acusación menciona aproximadamente 1,7 toneladas de cocaína interceptadas en el Caribe en junio de 2024—, la legislación también contempla la cadena perpetua como sanción máxima. 


La acusación afirma que Marset coordinó, junto con integrantes del colombiano Clan del Golfo, el envío de esa carga de cocaína desde Colombia hacia Costa Rica mediante una lancha rápida. 


Las autoridades colombianas interceptaron la embarcación y recuperaron cerca de 1.653 kilogramos de cocaína que habían sido arrojados al mar durante la persecución.


Aunque la legislación estadounidense permite que un juez imponga una pena inferior, la incorporación de estos delitos coloca a Marset frente al escenario más severo previsto por el sistema penal federal: permanecer encarcelado durante el resto de su vida si resulta condenado por cualquiera de estas acusaciones.

Cambio de estrategia


La ampliación de la acusación llega cuando el narcotraficante uruguayo modificó completamente su estrategia de defensa. Días atrás despidió a los abogados estadounidenses que lo representaban y anunció la contratación de un nuevo equipo, encabezado por los abogados norteamericanos Robert Feitel y Sandi S. Rhee.


El cambio estuvo acompañado por una carta enviada al juez federal Rossie D. Alston Jr., en la que Marset denunció supuestas vulneraciones a sus derechos desde su captura en Bolivia y acusó a agentes de la DEA de haber intentado presionar a su madre, mediante mensajes de WhatsApp, para obtener las claves de acceso a una billetera de criptomonedas valorada en alrededor de cuatro millones de dólares. 


En el mismo escrito el uruguayo sostuvo que fue interrogado sin asistencia legal y reiteró que es inocente de los cargos formulados en su contra.


El proceso judicial entrará ahora en una etapa decisiva. Para mañana, 1 de julio, está prevista una audiencia clave en la Corte Federal del Distrito Este de Virginia, donde comenzará formalmente el tratamiento de la nueva acusación presentada por los fiscales estadounidenses, que coloca a Marset ante la posibilidad de enfrentar una condena a prisión perpetua en el país del norte.

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