Ocho candidatos de 10 que fueron revisados hoy quedaron fuera de la carrera a Defensor del Pueblo
Dirigentes y funcionarios públicos del Gobierno están en esta segunda fase
En el primer día de evaluación de méritos de las hojas de vida de 10 candidatos a Defensor del Pueblo, ocho quedaron fuera de carrera por no cumplir al menos seis de los criterios de revisión que exige el reglamento de selección, informó el presidente de la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Juan José Jáuregui.
“Estos (ocho) señores que no han superado por lo menos seis criterios de valoración de manera positiva ya no son parte de la carrera a Defensor y no tienen posibilidad de impugnar la decisión que acabamos de tomar”, declaró el diputado Jáuregui.
Este lunes empezó la evaluación de los 66 candidatos que aprobaron la fase de cumplimiento de requisitos. Los postulantes deben acreditar con documentos su trabajo en la defensa y promoción de los derechos humanos, ya sea en el ámbito privado o público. La revisión se extenderá hasta el viernes y el sábado se iniciará la fase de entrevistas, hasta el momento solo hay dos clasificados, cuyos nombres no quisieron revelar los legisladores.
De acuerdo con la explicación de la senadora Silvia Salame (CC) se revisará los expedientes por orden alfabético. Lo que significa que este lunes revisaron los expedientes de: Alejandro Alpire Alpire, Lydia Apaza Quispe, Yovana Arratia Camacho, José Olegario Atiare, Miguel Ángel Balboa Pizarro, Javier Alejandro Blanco Flores, Juan Carlos Cáceres Saavedra, Daniel Amado Cáceres Copa, Marin Sergio Calizaya Molina y de Rimmy Calle Choquecallata.
Las hojas de vida
Según las hojas de vida que publicó la Vicepresidencia, Alpire Alpire, desempeñó su trabajo como consultor, ocupó varios cargos en el Órgano Electoral y en su currículum no figura trabajo que haya desempeñado en defensa y promoción de DDHH.
En el caso de Lydia Apaza Quispe, está vinculada a las organizaciones campesinas que apoyan al Gobierno. En su hoja de vida destaca su trabajo como asesora legal de dos municipios de Guaqui y Jesús de Machaca; en este momento es abogada particular y fue facilitadora de cursos en las ONG, CDIMA y CIPCA.
Yovana Arratia Camacho, fue funcionaria del Senasag en 2018 por nueve meses. Este año participó de un seminario de defensa de derechos en la localidad de Caranavi, es la única experiencia que describe.
José Olegario Atiare, es un abogado que se postuló a todas las convocatorias del Gobierno para cargos en el Órgano Judicial, se presentó como candidato al Tribunal Supremo de Justicia en 2017; a Fiscal General en 2018; a vocal del Tribunal Supremo Electoral en 2019.
Miguel Ángel Balboa Pizarro, obtuvo a un diplomado sobre Derechos Humanos democracia y responsabilidad social; luego fue asesor de muchas entidades vecinales.
Javier Alejandro Blanco Flores, abogado que fue fiscal de materia de Oruro de febrero de 2019 a enero de 2020, luego acreditó una veintena de cursos vinculados al área penal, principalmente.
Juan Carlos Cáceres Saavedra, un empresario privado dedicado a la importación de neumáticos y cerámica, presentó su certificado de colaborador y miembro activo del hogar de personas desamparadas “Centro de Rehabilitación Misión y Desafío Peniel Sucre”.
Daniel Amado Cáceres Copa, antropólogo de Oruro con maestría en derecho constitucional, entre 2016 y 2018 trabajó como especialista en justicia indígena originaria campesina en el TCP y fue secretario ejecutivo de la federación de campesinos de Oruro.
Marin Sergio Calizaya Molina, un abogado ligado al Gobierno casi de forma permanente desde 2010, ocupó distintos cargos, desde embajadas hasta ministerios, actualmente es abogado en análisis jurídico en el Sedem, que depende del Ministerio de Desarrollo Productivo.
Finalmente, Rimmy Calle Choquecallata, curiosamente este candidato declaró ser vicepresidente de la comisión política de la Csutcb y ejercerá este cargo hasta 2023; aunque la convocatoria señala que no deben ser dirigentes, la Comisión Mixta lo habilitó.
