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La misión en Bolivia de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) considera que la ley de permanencia obligatoria en territorio nacional de autoridades del nivel central del Estado y entidades territoriales autónomas transgrede estándares internacionales.

Mediante su cuenta en Twitter, esa instancia hizo conocer que “la rendición de cuentas es fundamental, pero su realización no debe violentar la presunción de inocencia y el debido proceso, ni colocar una restricción indebida al derecho a la libertad de circulación que incluye la potestad de toda persona a salir libremente de su país”.

El texto fue aprobado en la víspera con modificaciones por Diputados y volvió al Senado para su reconsideración. Establece la obligación de permanecer en el territorio nacional por el lapso de tres meses luego de haber cesado el mandato o ser destituido la o el presidente, vicepresidente, ministros de Estado, gobernadores, alcaldes, las directivas y oficialías mayores de la Asamblea Plurinacional, Asambleas Legislativas Departamentales, Concejos Municipales y máximas autoridades ejecutivas de las empresas e instituciones públicas, mixtas y privadas que administren recursos fiscales.

La oficina de DDHH de la ONU “recuerda la relevancia que supone el respeto a las garantías judiciales, el debido proceso y la presunción de inocencia”, como sostiene el informe “La situación de DDHH tras las elecciones del 20 de octubre de 2019”.

La ley indica que, en esos tres meses de permanencia obligatoria, los extitulares deben “rendir los informes que se requieran a las autoridades entrantes, en el marco de la transparencia y precautelando los intereses del Estado” y advierte que “las autoridades salientes que incumplan la presente ley serán pasibles penalmente”.