Escucha esta nota aquí

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Bolivia considera que someter a una niña a un embarazo forzado “está calificado como tortura”. Este pronunciamiento lo hizo cuando se hizo público el caso de una menor de 11 años que resultó embarazada tras sufrir abusos sexuales por parte del padre de su padrastro.

La instancia internacional, en el comunicado, exhorta a proteger los derechos de las niñas víctimas de violencia sexual y embarazos forzados.

“El embarazo de una niña no solo pone en riesgo su vida, su salud y su proyecto de vida, sino que también atenta contra su salud mental y emocional, su autonomía corporal, alentando y reforzando las desigualdades, el ciclo de la pobreza y la discriminación”, resalta en el documento.

A su vez manifiesta que “es imprescindible que, en caso de violencia sexual y embarazos, el Estado active los mecanismos de protección integral de manera oportuna, incluidos los servicios de salud, para garantizar el cumplimiento de las normas internacionales y nacionales vigentes para el ejercicio de los derechos de las niñas. Ellas y sus familias, antes de otorgar consentimiento o tomar una decisión, deben recibir información y orientación clara, científica y oportuna, respetando su confidencialidad y privacidad, evitando presiones sociales, religiosas o de otra índole que promuevan la revictimización y atenten contra sus derechos”.

Sostiene que el Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer, señala que la vulneración del derecho a la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y niñas, como la continuación forzada del embarazo, son “formas de violencia por razón de género que, según las circunstancias, pueden constituir tortura o trato cruel, inhumano o degradante”.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo igual solicitó informes a la maternidad Percy Boland sobre la atención que se brindó a la niña mientras estuvo internada y a la Defensoría de la Niñez de Yapacaní, municipio donde se sentó primero la denuncia.

El representante regional de la Defensoría del Pueblo, Carlos Lara, cuestionó la intervención de la iglesia Católica porque la niña fue traslada hasta uno de sus centros, donde recibirá atención para continuar con el embarazo, pese a que la decisión inicial fue la interrupción.

Comentarios