Opositores cuestionan tipo penal contra Dávila y anuncian fiscalización
Creemos afirma que se intenta “silenciar” al exjefe policial. En CC observan que todo el operativo fue en menos de 48 horas
La imputación por legitimación de ganancias ilícitas en contra del exjefe antidrogas, Maximiliano Dávila, fue cuestionada por los opositores políticos, quienes consideraron que es una estrategia para evitar que el exjefe policial sea extraditado a EEUU y no revele los datos que posee.
“La DEA (agencia antidrogas de EEUU) investiga a Dávila por delitos de narcotráfico, en Bolivia fue detenido por delitos menores. ¿se trata de evitar su extradición?, estamos fiscalizando”, publicó en su cuenta personal, la senadora, Silvia Salame (CC).
El diputado Alejandro Reyes aseguró que llama la atención la forma cómo se realizó todo el “operativo” del caso Dávila, porque en 48 horas fue capturado, trasladado, imputado y cautelado, pareciera que había una prisa inusitada en el Ministerio Público.
“La permisividad del oficialismo a los hechos de narcotráfico es cada vez más evidente como en el caso en el que la DEA descubrió vínculos de Omar Rojas, denominado como el ‘Pablo Escobar’ boliviano, con altas esferas del Gobierno del MAS”, publicó la agrupación Creemos.
Según los opositores, estos hechos ponen en evidencia a un Gobierno que actúa con un doble estándar porque intenta aprobar normas como la derogada ‘estrategia contra el crimen organizado e ilícitos internacionales’, pero se muestra reticente e inoperante ante probadas acusaciones.
Más adelante también afirmaron que la acusación fiscal pareciera destinada a “silenciar” a Dávila, quien ejerció cargos de alta responsabilidad en la Policía.
El exdirector de la Felcn, coronel Maximiliano Dávila, fue aprehendido la noche del sábado en Potosí, el domingo fue trasladado y presentado en La Paz y este lunes a las 14:30 se instaló su audiencia cautelar, todo en 40 horas desde el momento de su captura.
La Fiscalía lo acusó por el delito de legitimación de ganancias ilícitas, delito que no está contemplado en la Ley 1008, pero figura en la Ley de Lucha Contra la Corrupción (Ley 004), el tipo penal que presentó la fiscal Lupe Zabala, es lo que provocó la reacción de los opositores.
