Para eliminar escándalos como el de los ítems fantasmas de la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra, desde la oposición plantean el anteproyecto de ley 'Sistema de Contratación Limpia para el Servidor Público'. Se trata de un “censo” de todos los funcionarios del Estado y la proyectista es la diputada de Comunidad Ciudadana (CC), Luisa Nayar.

“Imaginensé, si en una Alcaldía tenemos el caso 800 ítems fantasmas, qué pasa dentro de la administración central, debemos tomar en cuenta que hay 500.000 funcionarios públicos en el nivel central del Estado”, graficó la legisladora.

Actualmente, la Fiscalía de Santa Cruz investiga el escándalo de 800 ítems fantasmas que benefició a varias ex autoridades de la comuna cruceña, según las denuncias. Hasta el momento solo una persona fue detenida y cautelada por este caso y hay varios prófugos, entre ellos los hermanos Guillermo y Antonio Parada.

El anteproyecto de ley garantiza el seguimiento, registro y transparencia de los antecedentes, hoja de vida e historial laboral de los servidores públicos para que cualquier ciudadano pueda acceder a la información. La diputada aclaró que este sistema no se constituye en un medio de fiscalización de ingresos o de contribución del funcionario.

El artículo 4 también refiere que en esta base de datos deben registrarse no solo los trabajadores que tienen un ítem dentro las instituciones, sino también aquellas personas que ingresaron con contratos, como los consultores. 

Nayar recordó que la Contraloría solo consigna los datos de los funcionarios que tienen un ítem y no así del personal con contrato, que es el sector donde se puede camuflar el personal “fantasma”.

En la actualidad todos los funcionarios públicos que no están bajo contrato deben presentar una declaración jurada ante la Contraloría General del Estado (CGE) en la que hacen constar los bienes que poseen, los ingresos que perciben y las deudas que tienen. No figuran los consultores.

En su disposición transitoria, el anteproyecto establece un plazo de 90 días para la reglamentación y 120 días para su socialización desde la entidad del Estado que estará a cargo de la implementación del nuevo sistema.