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La respuesta al pronunciamiento del Parlamento Europeo sobre la situación política en Bolivia llegó partida en dos. Por un lado, los legisladores del Movimiento Al Socialismo (MAS), usaron su mayoría simple para aprobar una declaración camaral rechazando el pronunciamiento de los parlamentarios europeos. En contrapartida, la bancada opositora emitió otro respaldando la resolución del Parlamento Europeo y rechazando la declaración del oficialismo.

El 28 de abril en su sesión en Bruselas, Bélgica, el Parlamento Europeo demandó “un marco de justicia transparente e imparcial, sin presiones políticas” en Bolivia e instó a las autoridades del país a que “presten toda la asistencia médica necesaria para garantizar su bienestar” a la expresidenta Jeanine Áñez, detenida en el penal de Miraflores en La Paz. Además fue demandada la inmediata libertad de la exmandataria y cuestionada la persecución de líderes de la oposición.

En el MAS molestó ese pronunciamiento y en respuesta exigió al Parlamento Europeo evitar la injerencia en asuntos internos del país. El presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, afirmó que esa organización “no puede entrometerse en nuestros asuntos. Eso es injerencia”.

La oposición no se sumó a la iniciativa del MAS y decidió rechazar el pronunciamiento del MAS. Creemos y Comunidad Ciudadana (CC) aseguran que la observación del Parlamento Europeo preserva las garantías de derechos fundamentales en Bolivia.

Acusan persecución

Los opositores recordaron que el presidente Luis Arce, al jurar a la Presidencia, manifestó que la justicia boliviana requería de una transformación. Ahora, exigen acciones para evitar una persecución política contra opositores al oficialismo. Por esa razón, aseguran, han manifestado su rechazo absoluto y disidencia “a cualquier resolución camaral que menoscabe o desestime el accionar de organismos internacionales en su labor mediadora de conflictos que se están suscitando en el país, por la falta de garantías jurídicas y la persecución política contra opositores por el Órgano Judicial y el Ejecutivo, resaltan las dos bancadas opositoras del Senado.

Ayer, fue aprehendido Guido Melgar, exviceministro de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción de la gestión de Jeanine Áñez, por el caso Segip. La exautoridad está acusada de los delitos de uso indebido de influencias y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes. Melgar fue acusado por solicitar información de 592 personas vinculadas al Gobierno de Evo Morales.

La demanda penal fue presentada en diciembre de 2020 por el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, en contra de Mauricio Gustavo Fernández, exdirector del Servicio General de Identificación Personal (Segip), quien entregó los datos a Melgar.

El exviceministro Melgar fue aprehendido en La Paz luego de prestar su declaración. 

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