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Seis federaciones de campesinos de La Paz, (Tupac Katari, Bartolinas, Interculturales, Interculturales - Mujeres, Conamaq y Cofecay) se estrellaron este viernes contra el ministro de Salud, Jeyson Auza, y pidieron su destitución. Advirtieron que como 20 provincias de La Paz no acatarán los decretos 4640 y 4641 porque según los dirigentes estos obligan a la vacunación.


“Por supuesto (vamos a desacatar), nosotros estamos en emergencia constante. Cumplimos el mandato de nuestras bases, de las 20 provincias del departamento de La Paz”, dijo el secretario general de la federación de campesinos de La Paz, José Luis Chura, cuando le preguntaron si esta declaratoria significa el desacato a los decretos.


Al empezar el 2022, entran en vigencia los decretos y las instituciones públicas ya enviaron comunicados públicos informando que desde el lunes se exigirá el carnet de vacunas para atender a la población.


La decena de dirigentes que ofrecieron la conferencia de prensa se apresuraron a aclarar que esta decisión no implica rechazo al Gobierno de Luis Arce, sino que es un rechazo a los dos decretos y la destitución de Jrsyon Auza por no haber concertado con las organizaciones sociales los decretos.


“Como organizaciones sociales no estamos en contra de nuestro Gobierno, sino estamos en contra de este ministro y sus viceministros porque ellos han manejado este decreto. Si no se abroga, si no se toma en cuenta a las organizaciones sociales, nos veremos obligados también a movilizarnos, eso significa la última parte cuando dice estado de emergencia”, añadió Chura, en referencia al comunicado que fue difundido.


El representante del Conamaq también lanzó advertencias contra el viceministro Jorge Silva por haber amenazado con 10 años de cárcel a quien no se vacune y recordó que ese tipo de actitudes se hacían durante el Gobierno de Jeanine Áñez.


En ese entonces, los ministros Arturo Murillo y Luis Fernando López, amenazaban contantemente a la población de obedecer los decretos que emitían bajo pena de ser procesados por atentado contra la salud, con una pena de 10 años de prisión.


“Por unanimidad del acuerdo interinstitucional del departamento de La Paz, exigimos la abrogación de los decretos supremos 4640 y 4641 porque son decretos inconstitucionales, por haberse dictado sin consulta previa (…). Exigimos la destitución inmediata del ministro de Salud, Jeyson Auza, por no haber consensuado con las organizaciones sociales de Bolivia en el tema de vacunación”, refieren los dos puntos principales de la resolución de los campesinos paceños.

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