En audiencias separadas. El exjefe militar es el quinto alto oficial que va a prisión por los sucesos de 2019; el excomandante de la Policía evitó ir a prisión, pero debe pagar una fianza cuantiosa

1 de abril de 2021, 21:50 PM
1 de abril de 2021, 21:50 PM

Los procesos por los hechos de Senkata en La Paz y Huayllani en Cochabamba dieron otro paso este jueves con dos audiencias cautelares que tuvieron resultados diferentes. En el caso de La Paz, el General, Luis Valverde Ferrufino, fue enviado a prisión por seis meses; mientras que el también General de Policía, Rodolfo Montero logró medidas sustitutivas por el caso Huayllani.


La jueza Segundo de Instrucción en lo Penal, Milenka Gutiérrez, de El Alto, determinó enviar a prisión al General Valverde, quien se desempeñaba como director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) cuando se produjo la muerte de 10 personas y otras 31 resultaron heridas luego de una balacera en proximidades de la planta de distribución hidrocarburífera de Senkata.


“Sería el segundo oficial de las Fuerzas Armadas  detenido preventivamente por el caso Senkata, como representante de la Asamblea de Derechos Humanos y como representante de las víctimas de Senkata saludamos esa decisión, pero observamos que después de 16 meses tengamos dos personas que han sido cauteladas”, dijo el representante de DDHH en El Alto, David Inca a través de un video.


Valverde Ferrufino, según la imputación, era general de reserva cuando fue posesionado como director de la ANH, pero el 19 de noviembre de 2019 se puso su uniforme y coordinó con otro general, Franko Suárez, la toma y defensa de la planta hidrocarburífera de Senkata.


El documento legal informa que fueron estos jefes militares los que coordinaron el despliegue de los efectivos de los regimientos “Bilbao Rioja”, “Max Toledo”, “Ayacucho” y “Teniente General, Germán Busch” para que actúen en las acciones en cercanías de esa planta. La imputación señala que tres de los 10 ciudadanos fallecidos de aquella jornada, tienen proyectiles que coinciden con los de uso de armamento militar.


Reserva


Aunque el caso está en reserva, David Inca informó que la audiencia cautelar se realizó en Cochabamba a pedido del imputado porque presentó certificados médicos para evitar que lo trasladen a La Paz. Valverde Ferrufino fue enviado al penal de El Abra en Cochabamba acusado de los delitos de homicidio y lesiones graves y leves.


El General Valverde se suma a otros cuatro altos jefes militares que fueron a prisión por los sucesos de noviembre de 2019. Están en prisión el General, Franko Suárez Gonzáles, que fue  comandante de las fuerzas militares en Senkata; Alfredo Cuéllar, comandante de la Guarnición Militar de Cochabamba, quien fue detenido por el caso Sacaba; el ex Comandante de Ejército, Pastor Mendieta Ferrufino, acusado de sedición, terrorismo y conspiración por el supuesto caso “golpe”; el excomandante de la Armada Boliviana y exjefe de Estado Mayor, Almirante Flavio Arce San Martin, acusado por los mismos delitos. Estos dos últimos eran parte del Alto Mando Militar que el 10 de noviembre de 2019 'sugirió' a Evo Morales renunciar a la Presidencia para pacificar el país.


Policía


Mientras que en otra audiencia cautelar en Cochabamba, el ex comandante de la Policía, Rodolfo Montero accedió a la detención domiciliaria. La justicia pidió Bs 200.000 como fianza, suma considerada inalcanzable por sus abogados.


“El principio de favorabilidad para el imputado no fue considerado en su oportunidad contra aquellas personas que estaban entre los manifestantes, sin embargo, en el caso de los imputados, quienes han sido los partícipes en grado de autoría mediata, son favorecidos con este tipo de medidas”, lamentó el abogado, Vladimir Pérez Poma, quien representa a las víctimas de Huayllani.


Informó que el exjefe policial accedió a la presentación periódica ante el fiscal, arraigo, prohibición de comunicarse con testigos, prohibición de concurrir a lugares donde están los otros coimputados y una fianza de 200.000 bolivianos.


Estas medidas fueron apeladas por las tres partes, la Fiscalía porque pide la detención preventiva de la exautoridad; las víctimas porque consideran injusta la determinación y la defensa porque cree que el monto de la fianza es excesivo.