La crisis provocada por 43 días de conflicto y 36 jornadas de bloqueos no solo mantiene en vilo al país por sus efectos económicos y sociales, sino que también abrió un nuevo frente de confrontación política para el gobierno de Rodrigo Paz. A la disputa con los sectores movilizados se suma ahora un duro cruce con el expresidente Jorge Tuto Quiroga y la alianza Libre, que en las últimas horas pasó de las críticas públicas a una ofensiva legislativa contra el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo.
La bancada de Libre presentó ayer un pliego interpelatorio contra Oviedo para que explique ante la Asamblea Legislativa las acciones asumidas por su despacho frente a los bloqueos de caminos, que afectan la libre transitabilidad y el abastecimiento de alimentos, combustibles, medicamentos y oxígeno, en distintas regiones del país.
El diputado Rafael López, uno de los firmantes de la iniciativa, sostuvo que la interpelación responde a la “inacción” de la autoridad gubernamental durante más de seis semanas de conflicto. Según el legislador, el país no puede tener un ministro que no logre restablecer el orden y que, a su juicio, se mantuvo ausente mientras se agravaba la crisis.
La ofensiva parlamentaria llega después de cuestionamientos formulados por Quiroga, quien acusó al Gobierno de actuar con “legalidad intermitente” frente a los bloqueos. El exmandatario sostuvo que las autoridades muestran avances y retrocesos en la aplicación de la ley, particularmente en relación con dirigentes movilizados que son arrestados o conducidos por la Policía y posteriormente liberados.
“Un estado de derecho no se puede sostener sobre la legalidad intermitente”, afirmó Quiroga al exigir al presidente Rodrigo Paz asumir responsabilidades para devolver la transitabilidad y la normalidad al país. También denunció que ciudades como La Paz y El Alto viven bajo “asedio” y “secuestro”, debido a los problemas de abastecimiento, las filas por combustible, la suspensión de actividades y las dificultades para la atención médica.
El líder de Libre rechazó además las versiones gubernamentales que lo señalan como impulsor de un estado de excepción. Según explicó, fue el propio presidente Paz quien solicitó respaldo político para aprobar primero la derogación de la denominada “ley Copa” y posteriormente la nueva normativa que regula los estados de excepción.
El inicio
Las críticas desde el Gobierno llegaron un día antes. El miércoles, el portavoz presidencial José Luis Gálvez cuestionó la insistencia de Quiroga respecto a la aplicación de un estado de excepción y recordó el manejo de la denominada Guerra del Agua en Cochabamba durante el gobierno del entonces presidente Hugo Banzer, del que Quiroga formó parte como vicepresidente, antes de asumir la Presidencia.
Gálvez afirmó que aquella experiencia derivó en muertos, centenares de heridos y una posterior reversión de las medidas adoptadas, por lo que sostuvo que constituye un ejemplo de cómo no debe gestionarse una crisis social. Bajo esa lógica, aseguró que la administración de Rodrigo Paz no repetirá los errores del año 2000.
La confrontación también se trasladó al caso denominado “narcomadera”. El miércoles, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, convocó públicamente a Evo Morales, Jorge Quiroga y al vicepresidente Edmand Lara a designar representantes para integrar una comisión internacional de verificación e investigación que trabajará junto a organismos extranjeros y las fiscalías de Bolivia y Chile.
Con los bloqueos aún activos en distintos puntos del territorio, el enfrentamiento entre el Gobierno y Libre añade un nuevo componente de tensión a un escenario ya marcado por la presión social, el desgaste institucional y la disputa por la conducción de la crisis.