Pacto de Unidad y MAS relegan marcha hacia Santa Cruz y piden reabrir el caso terrorismo
Al encuentro en Lauca Ñ solo acudieron dos de los ejecutivos de las organizaciones del Pacto de Unidad y dos departamentales
Una marcha hacia Santa Cruz de las organizaciones sociales del MAS y del Pacto de Unidad debía ser planificada este domingo en la reunión que convocó el ex Presidente Evo Morales como parte de las conclusiones del ampliado masista del jueves, pues esa posibilidad se cayó porque el encuentro masista solo ratificó el estado de emergencia y demandó la reapertura del caso terrorismo a la Fiscalía General del Estado.
“Ratificar el estado de emergencia y en pie de movilización en defensa del gobierno democráticamente constituido con el voto del pueblo boliviano. Pedir a la Fiscalía General del Estado la reapertura con carácter de urgencia del caso terrorismo y separatismo que son delitos imprescriptibles, según establece nuestra Constitución Política del Estado y que fue cerrado por el Gobierno de facto de Jeanine Áñez”, señala el documento aprobado por el MAS y su organizaciones.
Después del ampliado del partido gobernante, el jefe del MAS dijo que una de las conclusiones fue aprobar el estado de emergencia que da paso a la planificación de una marcha en contra del paro anunciado por la dirigencia de Santa Cruz.
Este domingo acudieron 15 federaciones, pero no lo hicieron todos los máximos ejecutivos de las organizaciones del Pacto de Unidad y los únicos presentes fueron Ramiro Pucho del Conamaq y Flora Aguilar de las bartolinas,, además de representantes de organizaciones masistas de Santa Cruz.
“En reunión de diferentes organizaciones sociales y el MAS-IPSP en Lauca Ñ, resolvimos garantizar la defensa de nuestra revolución democrática y cultural, ratificar el estado de emergencia en defensa de nuestro gobierno, pedir a la Fiscalía la reapertura del caso terrorismo y separatismo”, señala el tuit que publicó Evo Morales en su cuenta personal.
El caso terrorismo reflotó desde hace dos semanas cuando se reveló un informe reservado de la CIDH en el que recomienda procesar a los responsables de las muertes extrajudiciales que, según ese organismo se produjeron en abril de 2008, cuando hubo un operativo en Santa Cruz y la Policía abatió a tres presuntos terroristas en un hotel y Evo Morales fue quien, desde Venezuela, ordenó la intervención policial, según su propia revelación.
