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Varios padres de familia de colegios fiscales de uno de los seis distritos educativos de La Paz se reunieron hoy, para iniciar mañana una huelga de hambre. Reclaman por la falta de acercamiento con los padres para poner a punto la educación virtual, semipresencial, a distancia y presencial que el Ministerio de Educación pretende aplicar con el decreto supremo 4260 del 6 de junio. 

César Mamani, dirigente departamental de los padres de La Paz, dice que esperaron por alguna respuesta que les permita agotar el diálogo, pero no hubo ninguna comunicación.

Para empezar con la educación virtual, los papás piden acceso gratuito a internet y dotación de computadoras. “Ya se hizo para quinto y sexto de secundaria. También se hizo en Chile, en Argentina. Se puede reactivar la empresa Quipus y liberar (las computadoras) que están incautadas en Aduana. No nos oponemos a las clases virtuales, pero no nos tomaron en cuenta en ese decreto del 6 de junio”, lamenta.

Un bloqueo y una huelga son las medidas que tomarán estos padres. “Algunas familias tienen acceso y otras no. Lo penoso es que no nos convocan”, se queja este dirigente.

La Comisión de Educación y Salud de la Cámara de Diputados, presidida por Franklin Flores, iniciará una interpelación al ministro Víctor Hugo Cárdenas. Le pedirá detalles del plan de contingencia educativa para dar continuidad a este año académico. “En el plan debe estar el tema curricular, pedagógico y de evaluación, incluyendo la educación técnica y superior”, dice el diputado.

Flores quiere conocer, durante la interpelación, cuál es la propuesta técnica pedagógica para los estudiantes de inicial, primaria y secundaria con cursos a distancia. “¿Cómo se comprobará el desarrollo habilidades, capacidades y destrezas de niños y niñas de inicial, que aún no leen y escriben?”, preguntará en la interpelación.

El 85% de la población educativa en Bolivia estudia en entidades fiscales. “Son 2,6 millones de alumnos que están en los colegios fiscales y de convenio. Muchos no tienen acceso a equipos ni conexión. Que informe de las acciones para garantizar la educación del sector público en la modalidad virtual”, dice Flores. 

Según el dirigente de la Confederación Nacional de Maestros de Educación Rural de Bolivia, Gabriel Tórrez, un 60% de los estudiantes tendrán problemas de acceso a la educación que plantea el Ministerio.  

El diputado Flores, quiere también una explicación de las normas que permitieron al Ministerio de Educación y al Gobierno firmar convenios con Google, Microsoft y Cisco.

Sobre las pensiones 

La posición de los padres de familia consiste en una reducción del 50% en el pago de las pensiones. El diputado Flores dice que el Ministerio de Educación debería generar acuerdos y consensos para luego tomar una directriz. El dirigente nacional de los padres, José Pereira, dice que los colegios no podrán cumplir la veintena de requisitos para las clases virtuales. “Se va a instalar una huelga de hambre de los colegios fiscales. Paulatinamente nos acoplaremos los colegios de convenio y los particulares para rechazar esas condiciones”, comenta. “Estamos a punto de recibir el apoyo del Comité Cívico de La Paz y de las universidades”, dice.

En Santa Cruz, varios colegios han empezado a considerar alguna rebaja en las pensiones, según la dirigente de la Asociación Nacional de Colegios Privados en Santa Cruz, Carmela Quiroz. 

“Lo hacen de acuerdo a su presupuesto. Como hay padres que seguramente no pueden pagar, algunos descuentan el 10%, el 20%, de acuerdo a presupuesto para comenzar el año que viene. No hay un monto fijo. Es variable. Algunos colegios son chicos, tiene 500 y 700 alumnos. Cómo podrían hacer tremendos descuentos”, explica.

Colegios como La Salle enviaron una circular a los padres para analizar la forma de solucionar el problema con los pagos. La circular no habla de descuentos. El colegio Cristo Rey disminuyó el 25% de las pensiones de los meses de abril, mayo, junio y julio, “en apoyo a la crisis económica generada por esta pandemia. Este monto equivale al 10% del costo anual escolar”, dice un comunicado del colegio. Dicho de otro modo, los padres cancelarán nueve de las diez cuotas habituales solo por este año.

En un documento elaborado hoy, los padres de todo el país exigen que se haga un nuevo contrato por la prestación de servicios en las nuevas modalidades que menciona el Ministerio de Educación. En ese nuevo contrato, el costo no puede superar el 50% de las pensiones reguladas para 2020.

Los padres también argumentan que las clases fueron suspendidas al principio de la pandemia, y que si bien algunos colegios realizaron actividades virtuales, otros no, o lo hicieron en menor medida, con plataformas básicas. Al estar la educación regida por las políticas, planes, programas y autoridades del sistema educativo según el artículo 88 de la Constitución.

“Las unidades educativas privadas no gozan de autonomía para elegir de forma unilateral planes y programas educativos, diseños curriculares, contenidos educativos, modalidades educativas presenciales, virtuales, a distancia, etc., sino que ellos se establecen y definen en la Ley y las autoridades educativas deben buscar su cumplimiento”, señalan los padres.

Se ha abierto una página para firmar esta petición en change.org. Su finalidad es conseguir 25.000 firmas. Hasta ahora hay 22.090 personas que firmaron. También piden que los diputados presenten una ley unificada al Congreso para solicitar esta rebaja en las pensiones.

Como podrá observar, más que sujetarnos a aspectos contractuales o someternos a la ley o a estrados judiciales donde claramente los colegios particulares perderían, la propuesta de los padres de familia de ofrecer el pago de un servicio no contratado y no reconocido en la ley, de hasta el 50% del monto equivalente a las pensiones fijadas al inicio de gestión, atiende de forma razonable la emergencia en la que nos encontramos. Es el mejor camino para que los colegios particulares no salgan perjudicados y los padres podamos alivianar nuestra situación económica”, finaliza el documento.