Padres de familia de colegios privados llevan al Ministerio de Justicia sus denuncias sobre cobros excesivos de las pensiones

La directiva de la Asociación Nacional de Madres y Padres de Familia de Colegios Privados de Bolivia tiene en carpeta 169 denuncias sobre cobros excesivos de las pensiones escolares y  decidió presentar su queja ante el Ministerio de Justicia, porque se sienten desprotegidos de las autoridades educativas. 

La mañana de este lunes entregaron una carta al ministro de Justicia, Iván Lima, donde formalizan la denuncia de contratos que consideran que vulneran derechos y garantías constitucionales.

“Estamos haciendo llegar al Ministro de Justicia muchas denuncias de irregularidades que nos ha llegado, como documentación, audios y videos”. Pedimos que se abran procesos",  informó osé Antonio Pereira Ágreda, presidente nacional de Padres y Madres de Colegios Privados de Bolivia, organización con sede en La Paz.

Los padres de familia critican a las autoridades educativas, porque no han regulado el tema de las mensualidades de colegios privados y tampoco han emitido reglas claras.  “Como han levantado las manos las autoridades de educación, hemos acudido a nuestras autoridades de justicia”, expresó  Pereira.

En la carta dirigida al ministro Lima expresan que, desde la pandemia de coronavirus, sigue sin emitirse reglas claras para impartir educación presencial, semipresencial y a distancia. 

Aseguran que tampoco hay control en el cobro de mensualidades, matrículas,  aportes voluntarios, firmas de contratos lesivos y abusivos, intervención de notarios de fe pública, firmados dentro de los colegios, reservas de cupos, firmas de pagaré, firmas de letras de cambio, amenazas de pasar a la central de riesgo de ASFI a los padres deudores, entre otros.  

"Las autoridades educativas no han podido establecer cuánto ni cómo se debe pagar en universidades y colegios particulares, por lo que se consideran desprotegidos", agrega.

Denuncian que algunas universidades y colegios particulares están cobrando mensualidades, matrículas y pensiones fuera del alcance de pago de los padres de familia, por lo cual exhortan al ministro de Justicia, para que intervenga y ponga de su mejores oficios para precautelar la educación como bien jurídicamente tutelado por el Estado y la sociedad.

También le piden que identifique y lleve a proceso de todas las universidades y colegios que estén cometiendo dichos delitos.

De igual manera solicitan que se identifique y se inicie procesos a los notarios de fe pública que estarían reconociendo firmas y rúbricas de contratos lesivos en contra de los padres de familia.

Asimismo, demandan que el ministro de Justicia instruya al Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, para que pueda regular los cobros.

Sobre el tema, el Ministro de Educación, Adrián Quelca, se pronunció la anterior semana indicando que no permitirá abusos durante la inscripción de estudiantes en las unidades educativas privadas. 

La autoridad señaló que las Direcciones Distritales de Educación deben visar todos los contratos que se suscriban en esas entidades educativas, para controlar que no haya excesos ni condicionamientos en la firma de estos documentos. 

“Si hay algún atropello, vamos a intervenir. No puede haber excesos ni condicionamientos para la firma de contratos entre padres de familia y dueños de colegios particulares”, afirmó Quelca el pasado jueves. 

Este lunes el ministro recalcó que los colegios particulares no pueden rechazar la inscripción de alumnos y anunció una reunión con los representantes de ese sector para discutir el tema de las pensiones que regirán en esta gestión.

"Vamos a reunirnos esta tarde con la Asociación de Colegios Particulares para ver el tema de pensiones. No debe ser una pensión en el marco del inicio de la gestión anterior, donde no existía la suspensión de actividades y todo era presencial”, explicó la autoridad.

Recalcó que no puede existir la retención de libretas, títulos de bachillero o cualquier otro tipo de documentación de los estudiantes, pero, además, se instruyó que ningún colegio puede rechazar la inscripción de estudiantes.