Para víctimas de Sacaba y Senkata, el Gobierno las usa para el discurso

Las víctimas de las masacres de Senkata y Sacaba denunciaron que el Gobierno solo cumplió con una de las 36 recomendaciones que en 2021 dejó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independiente (GIEI), dependiente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y lamentaron que ahora solo se impulsen juicios contra ciertas exautoridades “a modo de venganza” y no contra los autores materiales. Los afectados reprocharon que el MAS y las autoridades gubernamentales solo las usen en sus discursos “como bandera política”.

“Ha habido un poco de falla, no se ha dado cumplimiento a todas las recomendaciones de la CIDH. Todo ese informe se remitirá el próximo jueves. Escuchamos que dicen Senkata y Sacaba, vemos que nos usan como bandera política y pedimos que siempre respeten la memoria de nuestros compañeros que han partido”, dijo la presidenta de la Asociación de Familiares de los Fallecidos de la masacre de Senkata, Gloria Quisberth, en contacto con EL DEBER.

El lunes 23 de enero, una misión especial de la CIDH arribará al país para hacer un seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas por el GIEI. El Estado tienen hasta este año para cumplir con lo encomendado, aunque en agosto del 2022 el ministro de Justicia, Iván Lima, habló de pedir dos años más, es decir, hasta el 2025.

David Inca, activista de derechos humanos que acompaña a un grupo de las víctimas de Senkata, reclamó que el Gobierno no haya avanzado con las sugerencias dejadas por los expertos internacionales y detalló que solo cumplió con el traspaso del Servicio de Protección a Torturados a la Defensoría del Pueblo para “garantizar la independencia” de esta instancia, como exige el informe.

“Solo se ha cumplido una recomendación, las demás están en espera. El Gobierno ha informado a la CIDH que la mayoría de las recomendaciones se van a cumplir en tanto y en cuanto se tenga la Política Nacional de Reparación Integral validada por un decreto supremo y la otra recomendación es la Ley General de Reparación Integral que debe ser elaborada por una comisión de Cámara de Diputados”, explicó Inca.

Agregó que, el pasado 6 de diciembre, la mayoría de las asociaciones de fallecidos, detenidos y heridos validaron el contenido de la Política Nacional, y que el Gobierno se había comprometido a emitir el decreto en una semana; sin embargo, a la fecha no se emitió dicho documento.
Otra traba que identificó el activista es la conclusión del proyecto de ley de reparación integral a las víctimas a cargo de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja. Con anterioridad la diputada Betty Yañíquez dijo que se presentaría en septiembre, pero pasó a manos de la legisladora Magaly Gómez, que recientemente fue expulsada del MAS.

“Tenemos entendido que existe un documento que lo han acabado, pero no está validado por ninguna institución estatal y menos por las víctimas. No hemos sido parte de las reuniones que han tenido de forma interinstitucional. Hay otro problema, que el MAS en Cochabamba al cuestionar a la diputada Gómez perjudica en el trabajo del proyecto de ley de reparación y el único beneficiado es Evo Morales, porque evita que se haga cualquier actividad y eso también lo vamos a dar a conocer a la CIDH”, sostuvo.

Desde Sacaba, tras el fallecimiento del presidente de las víctimas, Roberto Jukumari, se reveló que Morales no habría permitido la conformación de una asociación de ese sector.

Respecto a las investigaciones por las muertes de 2019, el ministro Lima informó sobre la ampliación de la denuncia por genocidio contra Jeanine Añez. Las víctimas consideran que no debe ser la única enjuiciada, sino también los ministros que firmaron y ejecutaron el DS 4078, ya que al ser solo contra una persona “parece una venganza y un proceso político”.

Mientras, desde Comunidad Ciudadana, el diputado Pablo Arizaga afirmó que la expresidenta no puede ser juzgada por los mismo hechos en otra instancia jurisdiccional.
La oposición insiste que debe ser procesada en un juicio de responsabilidades y el oficialismo impulsa juicios ordinarios.