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Este trabajo es parte de una serie regional gracias a Mutante, de Colombia.  #HablemosDeLasNiñas 
se realiza con el apoyo del Consorcio Latinoamericano Contra el Aborto Inseguro (Clacai).

Por Nathalie Iriarte V. 

Bolivia es el país con más embarazo infantil y adolescente de toda la región. Además del trauma por violación, las niñas sufren estigmas y re victimización en los centros de salud. Mientras, el Estado no considera la atención psicológica como parte del sistema de salud y las fallas en la atención a las menores están presentes en todas las áreas.

1.   Carmen, una niña de 11 años, esconde su vientre creciente con vestidos anchos. Tiene miedo que su madre la eche de casa. No puede dormir pensando que, si se entera, la va golpear gritando lo mismo que le decía a su hermanita de 14: “vos tenés la culpa por pasearte en toalla en frente a mi marido”. La niña tiene tanto miedo, que una tarde decide trepar al árbol más alto que encuentra en su comunidad indígena en Pando y se lanza de allí como si fuera un accidente. Su cuerpo que no llega a los 40 kilos se estrella contra el piso. Se rompe la clavícula, se golpea el vientre y la cabeza. La llevan al médico. El diagnóstico indica que tiene sangrado genital, pero aún sigue embarazada. El plan no funciona, el terror vuelve y pasa lo inevitable: la echan de su casa igual que a su hermana por estar embarazada de su padre. Tras la denuncia del personal médico se abre un expediente legal y la niña va a un hogar donde convive con otras niñas violadas y embarazadas. Meses después le hacen una cesárea. Cuando cumple 18 años, debe marcharse del hogar de monjas. Ahora nadie, ni las religiosas, saben qué fue de ella y de su pequeño hijo/hermano.

2.   María, una niña de 13 años, es la mejor de su curso y ama las clases de ciencia. Sueña con ser doctora. De repente, su madre es llamada por la directora para decirle que la niña lleva días sin asistir a clases. María es reprendida y castigada por “malcriada”. Su malhumor, berriches y falta de apetito son extraños en esa niña ejemplar que solía llevar la bandera de mejor alumna en la escuela. Meses después, la madre se entera: María fue abusada por su padrastro repetidas veces y está embarazada. La niña deja la escuela. Su futuro prometedor se aleja mes a mes mientras su panza crece. 

3.  Cinthia es una niña de 15 años que fue abusada sexualmente y ha parido al hijo de su violador. Fue atendida en el Hospital de la Mujer Percy Boland de Santa Cruz, Bolivia. Allí sufrió un episodio de psicosis puerperal. Esta enfermedad mental afecta a 2 de cada 1000 mujeres en el post parto. La menor trató de lastimarse y hacer lo mismo con su bebé. Sufrió alucinaciones severas. Parecía poseída. Este es uno de los cuadros más graves de la depresión post parto y es más común en víctimas de violencia sexual o traumas similares.

Y así hasta contar hasta 19.938 historias.

Es que en Bolivia, según datos del Sistema Nacional de Información en Salud y Vigilancia Epidemiológica (SNIS – VE), en los últimos 5 años se han registrado casi 20 mil embarazos en niñas menores de 14 años. Todos ellos, fruto de violencia sexual. En la mayoría de los casos, las menores han sido revictimizadas, juzgadas y estigmatizadas por el personal de justicia, de salud y por su entorno. Todo eso tiene un alto costo en la salud mental de ellas, pero parece que a nadie le importa.

El 23 % de las mujeres bolivianas entre los 10 y 19 años son madres. Cada día, ocho niñas quedan embarazadas. Cada tres horas, una niña sufre violencia sexual. Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés), Bolivia muestra los índices más altos de embarazo de niñas y adolescentes de la región. 

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El 23 % de las mujeres bolivianas entre los 10 y 19 años son madres/ Foto: Jhorgely Limón​​​​

Le siguen Honduras y Venezuela. Pero nadie sabe cuál es el impacto psicológico de estos traumas en ellas. No se han hecho estudios al respecto y la atención psicológica que reciben, es mínima. De hecho, en Bolivia, el gobierno no considera a los psicólogos como personal de salud y aún se espera un decreto que los reconozca para que sean ingresados en las planillas de los hospitales públicos.

Pero a nivel regional hay datos reveladores. Un estudio de la Fundación Sobrevivientes de Guatemala titulado “Violación y Embarazo” indica que el 90 % de las menores consultadas tuvieron pensamientos suicidas al saber que estaban embarazadas y que el 80 % tenía sentimientos de rabia, impotencia y enojo por tener que aceptar una maternidad impuesta.

Según otro estudio de Planned Parenthood Federation of America (PPFA) en Perú y Nicaragua, entre el 7 y 14 % de las adolescentes embarazadas que fueron encuestadas intentaron suicidarse ingiriendo raticidas, insecticidas o infringiendo cortes en su piel para alcanzar las venas. El mismo estudio se llevó a cabo también en Ecuador y Guatemala, y en cada país “una proporción importante de niñas y adolescentes que habían dado a luz informaron síntomas de depresión, ansiedad y, en particular las que habían sido atacadas sexualmente, de estrés postraumático”.

Es mediodía en el hogar de madres adolescentes Madre María. Aquí, un grupo de monjas reciben a adolescentes embarazadas o recién paridas. Todas abusadas dentro del ambiente familiar. Es decir, volver a sus hogares no es una opción porque allí habitan los padres de sus hijos. A una la violó su padrastro, a otra el hermano, a otra el primo, a otra el padre, a otra el tío, a otra el vecino, y así... 

En un comedor donde una gran virgen cuelga de la pared y un cartel dice: “María protege a todas las madres”, 14 niñas de entre 12 y 16 años intentan darle de comer a sus bebés. Julia, una de ellas, toma una cuchara con sopa y su hijo de apenas un año escupe cada bocado. La mamá se rinde, suspira y mira por la ventana hacia la calle. Su libertad de salir a jugar o ir a la escuela se acabó con la llegada de ese bebé. Julia fue violada por su padre repetidas veces. Cuando tenía 12 años quedó embarazada. Su madre calló el hecho hasta que llegó el parto. Los médicos denunciaron el delito. El padre y madre de Julia terminaron presos.

“Lo peor es que por mi culpa mis hermanitos se quedaron sin familia. Los tiene una tía y no los veo hace casi dos años. Mi mamá se enojó mucho conmigo porque no solo perdí yo a mi padre sino que se los quité a mis hermanos por hablar cuando me preguntaron de quién era el bebé”, cuenta Julia.

Para ella, querer al bebé es difícil. Le recuerda todo el infierno que vivió. Según PPFA una niña puede tener problemas de apego hacia un bebé producto de violación: al menos el 15% de las menores experimenta sentimientos de poco afecto, o no acepta a sus bebés. “No es fácil para ellas, a veces les cuesta aceptar que son mamás y que deben cuidar a sus hijos. Pero aquí aprenden a hacer todo eso y una serie de oficios como costura o repostería para poder salir cuando cumplan 18”, comenta Sor Cristina, una religiosa misionera que dirige el hogar donde vive Julia.

“En realidad son niñas que no han terminado su desarrollo como deberían y están asumiendo un rol y una etapa que no corresponde a la edad que tienen. Entonces lógicamente va a haber una situación de conflicto interno donde no sé si soy niña, si soy mamá, si soy adulta... Tengo un alguien que depende de mí que me genera mucha carga, mucho trabajo, mucho peso y mucha ansiedad”, explica Jessica Pedraza, psicóloga clínica del CIES, un centro de salud sexual y reproductiva de Santa Cruz, que atiende a diario casos de menores embarazadas.

Baja autoestima, desánimo, ansiedad, miedo, depresión, pesadillas, estrés post traumático, son las palabras que más repiten los psicólogos consultados para describir el estado de las menores que llegan a sus consultas con embarazos durante la adolescencia. En Ecuador, el 91% de los casos estudiados de historias clínicas de menores que fueron madres presentaron “sintomatología depresiva” y “trastorno adaptativo”.

Esos porcentajes cobran vida en Bolivia con historias como la de Mariana.

“Mi padrastro abusó de mí durante años, creo que desde mis siete ya recuerdo que me tocaba y me amenazaba para que no gritara. Las pesadillas que tengo comenzaron en esa época. Cuando me embaracé fue peor porque odiaba mi propio cuerpo por traer dentro algo que me recuerde a él. No quería a ese bebé y me sentía mala por eso”.

Para ella, su vida hubiera sido otra sin ese bebé. “Me odiaba por ser mala madre pero juro que no podía ni darle leche porque no me salía. El bebé lloraba y yo no quería ni alzarlo. Mi tía lo crió con leche de tarro. Yo no podía dormir escuchándolo llorar y cuando dormía soñaba con mi padrastro. La misma pesadilla de siempre, él metiendo sus manos en mi vestido favorito, uno que tenía rosado, de princesas”, cuenta.

Mariana nunca recibió ayuda psicológica ni en la época que denunció el hecho ni después. Actualmente, tiene 22 años, aún vive con su tía y su hijo, pero carga una culpa muy grande porque, según ella, nunca pudo “quererlo como una madre debería”.

​​​​​Las niñas violadas sufren de baja autoestima, desánimo, ansiedad, miedo, depresión, pesadillas y estrés post traumático/Foto: Jhorgely Limón​​

En Bolivia, desde 2014, la sentencia constitucional 206 despenalizó el aborto por tres causales, una de ellas, la violación. Según la norma, desde el momento que se pide la ILE (Interrupción Legal del Embarazo) con copia de la denuncia formal, la solicitante deberá obtener solución en un plazo de 24 horas y tendrá apoyo psicológico.

 Se supone que esta es una medida para mitigar las consecuencias en las vidas de las víctimas de violencia sexual y está recomendada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para garantizar los derechos reproductivos de las mujeres y las niñas sobre sus cuerpos. Pero eso no es lo que sucede en la práctica.

Una niña de 14 años está embarazada producto de una violación. La pequeña ingresa al centro de salud con una hemorragia. Un médico y una enfermera le hacen un legrado de emergencia porque su vida peligra. Mientras su cuerpo soporta el dolor, la enfermera la amenaza: “te voy a denunciar y vas a ir presa por haberte provocado un aborto”. La familia denunció daño psicológico severo. Hospital de San Juan de Dios, Challapata, Chuquisaca, 2017. El caso está registrado en un informe de la Defensoría del Pueblo.

“Tenemos un problema de salud pública: el embarazo impuesto por violación es una realidad y las autoridades llamadas no están resolviendo los casos”, dice con preocupación la Dra. Malena Morales, directora del IPAS, una institución sin fines de lucro que trabaja por los derechos de la mujer.

Morales habla desde su apartamento en La Paz. Desde allí, coordina una serie de programas de educación sexual para adolescentes que incluyen un concurso de Tik Tok y una aplicación para aprender sobre sexualidad de manera lúdica. Morales denuncia que la ley que permite la interrupción del embarazo no se cumple en el país. “Las pocas veces que se hace, las niñas tienen que sufrir una revictimización y muchas barreras para poder acceder a algo que ya está establecido en la normativa. No se siguen los protocolos específicos para la atención. Hace falta mucha capacitación al personal médico y mucho trabajo para derribar los estigmas sociales y religiosos que aún persisten”.  




La estigmatización de las niñas embarazadas por parte de proveedores de salud es muy alta en toda la región./Foto: Jhorgely Limón

Según sus datos, desde 2014 hasta el 2021 se han realizado 492 procedimientos de ILE. La mayoría de las interrupciones han sido realizadas en menores de edad, un 52% por causal de violación. “Eso es nada en comparación de la cantidad de casos de menores abusadas y embarazadas en estos siete años”, compara.

Nadia Cruz, Defensora del Pueblo, dice que falta mucho trabajo en educación al personal médico. Hay mucho desconocimiento de la normativa sobre el ILE y esto genera afectación a los derechos de las mujeres y niñas. Y el otro problema grave es la cantidad de médicos que se acogen a la ‘objeción de conciencia’ permitida por ley. “Se desconoce cómo debe ser este proceso y que no existe la ‘objeción institucional’ sino personal y presentada de manera previa y por escrito a un director superior, pero ya tenemos una propuesta para normar esto porque hace falta más que el tema esté más claro”, asegura.

El centro de salud donde son enviadas todas las menores embarazadas en Santa Cruz – la ciudad más poblada de Bolivia – es el Hospital de la Mujer Percy Boland, más conocido como “la maternidad”. Es el único que cuenta con un pabellón exclusivamente para adolescentes en gestación. 

Según datos proporcionados por el Dr. José Luis Guaman, representante del Colegio Médico de Santa Cruz y médico de planta del Hospital Percy Boland, solo en 2020 atendieron 1058 partos de mujeres adolescentes entre los 10 y  los 19 años. En comparación, se hicieron catorce ILEs en el mismo rango de edad. En 2021 hasta el mes de junio se atendieron 730 embarazos de adolescentes. Y en el mismo tiempo se hicieron cinco ILEs a menores.

“Hay que tomar en cuenta que casi todos los casos de embarazo adolescente y de ILE nos llegan a nosotros, puesto que somos un centro de referencia en atención especializada. Pero el tema ILE todavía tiene mucha controversia porque la mayoría de los colegas se niega a hacerlo. Aquí, al menos hay un 60% de objeción de conciencia”, dijo Guaman.

Sin embargo, este hospital ha recibido críticas por su gestión. “En la maternidad no les importan los derechos de las niñas, primero está su religión y su moral. El colegio médico en general es muy conservador y entonces los médicos son el principal obstáculo para que las niñas logren acceder a su derecho a no tener hijos por obligación”, dice Lupe Pérez, directora del Colectivo Rebeldía.

Recorrimos el pabellón dedicado a madres adolescentes del Hospital Percy Boland y algunas de las historias recogidas respaldan las acusaciones hechas por Pérez.




El hospital de la Mujer Percy Boland cuenta con un pabellón para adolescentes gestantes/ Foto: Jhorgely Limón

Un escritorio azul de cuero pellizcado. Pequeños trozos arrancados con las uñas por los nervios, la incertidumbre y el miedo de todas las niñas y adolescentes que pasan por esa sala cuando saben que son madres, o cuando están a punto de parir. En la mesa, una teta de plástico, una cigüeña cargando un bebé envuelto en paños azules. A la derecha, una virgen, una cuna violeta y un muñeco envuelto en un pañal de recién nacido. Al centro de todo, la pancarta gigante cuelga de la pared: una adolescente carga a un bebé y lo besa en la frente. Junto a la foto, el mensaje: “mientras estás embarazada y después del parto, habla con tu bebé, dile cuánto lo quieres, hazle sentir tu amor maternal. Estoy segura que serás una excelente madre”. Firmado: Lic. Ana Calvo. Servicio de Psicología. Hospital de la Mujer Dr. Percy Boland.

Para Ana Calvo, “ver a la nenas aprender a dar de lactar e irse felices con sus bebés” es parte de su día a día. Cuando le consultamos sobre el impacto en la salud mental de las menores dijo que “muchas llegan con llanto fácil” al hablar de sus casos pero que “lamentablemente no se puede saber cuántas niñas sufren depresión post parto porque ellas no vuelven a consulta, sus casos son ambulatorios”.

En su sala de atención psicológica, estuvo María en junio de este año para recibir guía que la ayude a decidir si continuar o detener su embarazo de 19 semanas. María venía de un municipio alejado llamado Pampa Grande. La acompañaba su mamá, una migrante quechua que apenas balbuceaba algunas palabras en español. María venía decidida: no quería parir al hijo de su violador. Con eso, María y su mamá esperaban cerrar ese capítulo horrendo que les robó las sonrisas y los sueños a ambas.

“Desde sus oficinas con mensajes católicos y música cristiana se nota que son personas anti derechos y que manipulan a las niñas a tener a esos bebés sin pensar en cómo eso les va afectar en sus vidas. A ellas no les importa cómo vivan, ni si tendrán para comer, solo les importa su religión. La psicóloga y la trabajadora social del Percy Boland fueron cero profesionales, cero respeto a la menor, muy parcializadas”, cuenta Ariel Gutiérrez, un trabajador social de la Defensoría de la niñez que acompañó el caso.

En el caso de María, el hospital no aceptó la denuncia como indica la norma y la mandaron a revisión forense (una vez más) para que un médico que certifique desgarro por violación. Solo así aceptarían hacer la ILE. Antiguos desgarros aún eran visibles en su cuerpo tres meses después de la violación. Mientras le hacían una ecografía para certificar el hecho, el médico del Instituto de Investigación Forense (IDIF) le dijo a María que “no debía abortar” y para convencerla la hizo escuchar los latidos del feto que llevaba en su pequeño vientre.

 “La pobre niña fue obligada a escuchar eso. En todos lados querían manipularla emocionalmente para que desista de su decisión sin pensar en cómo le afectaría eso psicológicamente. La niña salió traumada, llorando”, cuenta Ariel, quien acompañó el proceso.

Según datos del estudio hecho por PPFA, la estigmatización de las niñas embarazadas por parte de proveedores de salud es muy alta en toda la región. En Nicaragua, el 64% de niñas entre 9 y 14 años encuestadas dijeron sentirse juzgadas y estigmatizadas por el personal de salud que las atendió.

“Ignacia, la trabajadora social, le dijo a María que su bebé iba nacer llorando si ella se hacía el aborto, que le meterían aparatos en su vagina y que iba sangrar mucho. Le metió miedo para que ella desista, la niña salió traumada. Luego siguió la psicóloga, se notaba que las dos querían convencer. Luego yo le dije que la iba a apoyar si quería ser madre y también si no quería. La niña dijo claramente que no quería ser madre y finalmente a la psicóloga y trabajadora social no les quedó de otra que firmar los informes y mandarlos al médico para cumplir la norma”, recuerda Ariel.

Por su parte, tanto la trabajadora social como la psicóloga del Hospital Percy Boland dijeron que ellas cumplen el protocolo a cabalidad. Pese a eso, otras dos menores entrevistadas que ya habían sido atendidas en parto en dicho hospital, dijeron que la estas funcionarias nunca les mencionaron la ILE como una opción. 

“Llegué con 18 semanas. Me preguntaron todo. Les conté cómo me violaron pero no me dijeron que podía abortar. La licen (psicóloga) me enseñó cómo iba dar teta a mi bebé cuando nazca y me dijo que tenía que ponerme un chip después de tenerlo. La otra licen (trabajadora social) me preguntó dónde vivía y si mi familia tenía trabajo para ayudarme. Nada más. Ahora solo me falta mi chip para poder irme con mi bebé”, contó una menor de 16 años que prefirió no dar su nombre.

Lo cierto y probado es que la maternidad forzada por violación crea una serie de traumas y desconexión de la madre con el bebé: “Me siento muy rara con mi hija, no sé cómo voy a hacer para acostumbrarme”. “Desde que salí embarazada no estudio, no puedo jugar con mis primos y todo me recuerda a lo que me hizo”. Son algunos testimonios que recopila el estudio Violación y Embarazo, hecho en Guatemala.

Y el impacto en lo social y familiar también es duro: El 36% de las menores encuestadas por PPFA sintió estigma de parte de la familia y el 86% sintió estigma de su entorno social. “La gente critica que soy la culpable del embarazo porque yo me le metía al profesor y que pobre de él porque ahora está preso”, cuenta el testimonio de una menor en el documento.






La salud mental está ligada íntimamente a la salud física. Un estudio de Plan Internacional, dice que “el 14% de muertes maternas en Bolivia corresponden a adolescentes entre 14 y 19 años” y sería un error pensar que la maternidad temprana solo afecta a lo físico. 

Según la psicóloga Jessica Pedraza, que trabaja en CIES, “la salud mental también se ve afectada por lo económico por la presión de proveer para un nuevo miembro de la familia y en lo social. Con el embarazo se viene abajo el plan de vida de las niñas. El dejar la escuela, el aislarse de sus amigas, el ver cómo sus cuerpos cambian, todo les afecta en su autoestima”.

En Bolivia, la Encuesta de Hogares 2017 revela que 1 de cada 10 menores deja sus estudios porque se embarazó. En Perú, el 77% de las adolescentes que se embarazaron dejaron de estudiar. Estas cifras suben mucho más cuando se trata menores en situación de pobreza y de pueblos indígenas.

Bolivia, además, tiene los índices de suicidio adolescente más altos de la región. No hay estudios que indiquen que el porcentaje está ligado a la maternidad forzada, pero llama la atención que en el estudio de Mortalidad Materna en Bolivia, el 22 % de muertes maternas se deben a suicidios en departamentos como Cochabamba y Potosí. Y es que el tema está totalmente descuidado. El Estado solo destina un 0,2% del presupuesto de la Salud a la salud mental.

Si bien los datos y números, dichos así, parecen fríos, detrás de cada porcentaje que engorda –como el vientre de una niña– hay una vida truncada, una infancia interrumpida.

Nota: todos los nombres usados para las menores son ficticios para proteger sus identidades.



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