Desde la bancada de Creemos detallan violaciones a los derechos de los pueblo indígenas y de los guardaparques, una situación que se refleja en diferentes escenarios

16 de agosto de 2022, 19:18 PM
16 de agosto de 2022, 19:18 PM

Un grupo de parlamentarios de la bancada de Creemos denunciaron ante organismos internacionales que hay políticas del Gobierno central que "atentan contra el medioambiente, las áreas protegidas y reservas forestales", así como a los pueblos indígenas que habitan en estos espacios y los guardaparques, a quienes denominan "guardianes de la biodiversidad".

El pronunciamiento fue enviado a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Cutlruras y Ambientales, dependiente de la CIDH.

El informe detalla que Bolivia cuenta con más de 60 áreas protegidas y 22 parques nacionales que representan el 16,63% del territorio nacional, los cuales son reconocidos por ley, pero, según la denuncia, la autoridad responsable de la protección de estos espacios (el Servicio Nacional de Áreas Protegidas - Sernap) no ejerce sus funciones ante los avasallamientos, asentamientos mineros, presencia de narcotraficantes y otras irregularidades que se detectan en diferentes regiones de Bolivia.

Esto ha sido debidamente denunciado con los respaldos y pruebas que corresponden; sin embargo, no hay una política clara para frenar las actividades ilícitas, lo que golpea a la biodiversidad de estas áreas, entre las que figuran el Parque Noel Kempff Mercado, el Parque Nacional Madidi, la reserva de Tariquia, entre otros.

A esto se suma el atropello que sufren los guardaparques, tema que también ha sido denunciado por activistas ambientales y frentes como el opositor Comunidad Ciudadana.

En las últimas semanas, la Asociación Boliviana de Guardaparques y Agentes de Conservación (Abolac) se ha declarado en emergencia ante la falta de auxilio del Sernap para resguardar las áreas protegidas, ya que en lugar de atender las demandas existe una serie de persecuciones.

Este último punto se refleja en una serie de "amenazas, rotaciones y procesos contra los jefes de protección y guardaparques" sin que exista un fundamento legal claro que justifique este tipo de acciones por parte del Sernap.

Todos estos antecedentes se han denunciado desde diferentes plataformas en las últimas semanas y la protesta de los afectados se extiende ya en todo el territorio nacional. En este sentido, los asambleístas también exponen en la carta que en su rol han solicitado a las autoridades del Gobierno de turno que se tomen acciones para que haya una intervención de las fuerzas del orden y para que se tomen cartas en el asunto, y así frenar las violaciones a las que los denunciantes aducen ser sometidos. Tema que no tiene  una soclución.

Es por ello que los firmantes (los parlamentarios Erwin Bazán, Henry Montero, Centa Rek, Walthy Égüez, María René Álvarez y Tatiana Áñez) piden a los organismos internacionales que hagan un llamado inmediato al Gobierno boliviano para que tomen acciones en lo que respecta a las áreas protegidas y los derechos colectivos de los pueblos que viven en ellas, además de instar a que se gesten mecanismos que resuelvan los conflictos con los guardaparques.