Paulo Abrão: No se debe politizar la agenda de los Derechos Humanos

El exsecretario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Paulo Abrão planteó la necesidad de “no politizar la agenda de Derechos Humanos” y consideró que la investigación de los sucesos de 2019 no se debe detener.

Abrão estuvo en Bolivia entre el 22 y 25 de noviembre de 2019 para indagar los sucesos violentos derivados del proceso electoral de ese año y aseguró que en su misión no emitió “criterios de oportunidad política” con relación a la polarización política que afecta al país.

En esta entrevista con EL DEBER comentó los hallazgos que hizo el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre la crisis de 2019. La CIDH planteó la creación de este grupo, precisamente, para apoyar las investigaciones de los hechos violentos de ese año.

“Espero que esta experiencia pueda contribuir a un proceso de reconciliación legítimo y verdadero sobre la base de un compromiso integral con la reparación a las víctimas y con el avance de la justicia a cada uno de los responsables en toda su cadena de comando”, afirmó.

En la crisis de 2019 fallecieron 37 personas, de acuerdo con el recuento del GIEI. Se trata de un número de víctimas similar al que identificó la CIDH, según destacó Abrão.

Respecto a las observaciones del GIEI que rechazó la extinción de casos y la amnistía en favor de “perseguidos políticos”, el jurista brasileño recordó que la CIDH expresó su preocupación por la falta independencia judicial.

En ese marco, expresó la necesidad de que “se pueda revisar cada una de las investigaciones que fueron abiertas ajustadas a los principios y estándares interamericanos”, sin descartar la posibilidad de que estos procesos sean ampliados.

“Este objetivo de alcanzar una reforma que pueda fortalecer la independencia del Poder Judicial no debe ser un obstáculo para el avance de las investigaciones. Se debe asegurar el debido proceso, la transparencia, la no politización y las garantías de un Estado de derecho”, afirmó el exsecretario de la CIDH.

Remarcó que la reforma debería “incorporar, en el diseño estructural de su sistema de justicia, una representatividad equivalente” a la diversidad indígena del país.

Reconciliación

Abrão consideró que el escenario de debate político que existe en el país por efecto de las elecciones de 2019 no debería frenar las iniciativas de convivencia política y advirtió que es posible que esta polémica solo pueda ser resulta con el tiempo.

“No veo perspectivas de que la diferencia de la decisión histórica, entre aquellos que defienden que hubo un golpe y aquellos que defienden que no hubo golpe, sea obstáculo para generar consensos respecto a otras agendas o que esto pueda generar una parálisis del proceso de convivencia o la construcción de un tejido social en la sociedad boliviana”, dijo.

Organizaciones internacionales, como la Unión Europea y Naciones Unidas, promovieron acercamiento político en el país con miras a un proceso de reconciliación. Una de esas acciones estuvo vinculada con las elecciones generales de 2020.

“Son problemas que quizá no vayan a resolverse y estarán en el plano de las convicciones político partidarias de cada uno. El desafío es saber convivir con esta pluralidad de ideas y no politizar la agenda de los derechos humanos y no transformar el dolor de las víctimas como objeto de disputa política”. En ese marco, destacó que el informe del GIEI establezca “un piso ético mínimo para la sociedad boliviana”, pues “a partir de este momento nadie más puede negar que hubo violencia y violación a los derechos humanos”.

“Es tiempo de generar otros consensos. He visto a sectores de la oposición reivindicando partes del informe del GIEI y de igual forma con el oficialismo”, remarcó.

Abrão defendió las gestiones que hizo la CIDH en 2019, a pedido del gobierno de Jeanine Áñez, tal como pasó en otras naciones del continente.

“Para nosotros, como movimiento de DDHH estábamos enfocados en la agenda de derechos humanos. Nunca tuvimos criterios de oportunidad política para denunciar o no denunciar lo que hemos encontrado en Bolivia. Tampoco usamos los criterios para denunciar lo que estaba pasando en Nicaragua, en Venezuela, ni Chile, ni Ecuador, o Haití”, explicó.