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Militantes del MAS y campesinos afines a dicho partido no suspenden los bloqueos de carreteras y durante tres días mantienen aislada a la ciudad de Tarija, pues las rutas hacia el Norte del país, el Chaco y Santa Cruz permanecen cortadas. El sector exige la restitución de la Ley 206, que fue abrogada por la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) de Tarija.

Los movilizados también realizan vigilias en las puertas de ingreso del edificio central y otras instalaciones de la Gobernación, como medida de presión.

Al menos 6 puntos de bloqueos de rutas se reportaron este lunes  en medio de una nueva ola por la pandemia y a cuatro días de la Navidad.





Una de las rutas bloqueadas con escombros y palos

La jefe de bancada y asambleísta del MAS, Juanita Miranda, afirmó que, al margen de los bloqueos de caminos, se prevé instalar un piquete de huelga de hambre hasta que el gobernador de Tarija, Óscar Montes, restituya la Ley 206.

Miranda expresó su desacuerdo con la nueva ley aprobada, que indica que el 1% de los recursos que percibe cada municipio (del 55% de los ingresos por regalías petroleras) sea compartido con las subgobernaciones, cuyas autoridades no son electas en comparación con los alcaldes.

El asambleísta por ese partido, Wálter Aguilera, no descartó que el diálogo sea la única manera para solucionar el conflicto, originado por Montes después de no haber agotado el consenso con los alcaldes municipales para las modificaciones a la normativa.

Por su parte, el gobernador Óscar Montes dejó en claro que la Ley 206 fue abrogada debido a que fue forzada por el MAS en abril del 2017 y se aprobó sin consultar a las autoridades de la entidad subnacional de turno.





Vigilia en las puertas de la Gobernación de Tarija

La autoridad justificó su anulación por el hecho de que se aplicaba el débito automático en exceso del total de los ingresos por regalías petroleras y no estaba dentro del límite del 1%, cuando la anterior autoridad no cumplía con las transferencias.

"Por ejemplo, desde el 2017 hasta el 2021, se debitaron Bs 280 millones y no Bs 228 millones, que era el monto para los proyectos concurrentes de cada municipio. Es decir, Bs 52 millones por demás se debitaron de las arcas de la Gobernación", mencionó Montes.

Asimismo, lamentó  que el dinero transferido no haya sido  transparentado en su administración por las autoridades edilicias, ya que no existe información sobre el destino que dieron a dichos recursos.

A Montes no le tembló la mano y promulgó la nueva Ley de "Asignación de recursos departamentales de inversión en territorio municipal", que sustituye a la Ley 206, que es defendida por los alcaldes de Bermejo, San Lorenzo, Yunchará, El Puente y Padcaya, que tienen filiación del MAS.

Mientras que los alcaldes de Entre Ríos, Uriondo y Cercado están al margen de la protesta por ser aliados de la autoridad.




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