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Un día después que el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, presentara una denuncia penal contra Nadia Cruz por los delitos de prolongación y usurpación de funciones debido a que ejerce, de forma ilegal, el cargo de Defensora del Pueblo, ella sale a exigir a la presidenta Janine Áñez que promulgue sin demora la Ley que garantiza atención obligatoria y gratuita a pacientes con Covid-19 en clínicas privadas. 

En una nota de prensa emitida por la Defensoría del Pueblo,  Cruz instó a la presidenta Jeanine Áñez a promulgar la mencionada ley que fue sancionada en la Cámara de Senadores el pasado 8 de julio,  ante la situación de emergencia en la que se encuentra la población boliviana.

Lamentamos la dilación innecesaria en la promulgación de esta norma e instamos al Órgano Ejecutivo a considerar la urgencia que existe de contar con este instrumento legal ante la situación de desborde y colapso que está viviendo el sector público de salud que exige no esperar hasta el último momento, y ante los cobros excesivos en clínicas privadas”, manifestó Cruz.

Resalta que dicha ley fue elaborada por la Defensoría del Pueblo en coordinación con la Comisión de Salud y Educación de la Cámara de Diputados y de Senadores y tiene por objeto garantizar la atención gratuita de pacientes con Covid - 19 por parte del subsistema privado de salud que integra el sistema nacional de salud, estableciendo a su vez el mecanismo para el reembolso por parte del Estado.

Mientras tanto el Gobierno la desconoce y ha iniciado un proceso en su contra. “En base a los argumentos de hecho y derecho que a continuación se esgrimen, interpongo una denuncia formal contra la señora Nadia Cruz Tarifa por los delitos de prolongación y usurpación de funciones quien actualmente y de forma ilegal ejerce el cargo de Defensora del Pueblo", señala la denuncia presentada por Núñez.

El 13 de julio, el viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría, informó que el interinato de Cruz en la Defensoría del Pueblo feneció el 30 de abril de 2019 y por ello se decidió desconocer su mandato.

Ante esto, la autoridad afirmó que no responderá a ninguna solicitud de informe, por parte de la Defensoría del Pueblo, debido a la ilegalidad en el ejercicio de ese cargo y la nulidad de sus actos.

El Viceministro también cuestionó la supuesta vinculación de Cruz con el Movimiento al Socialismo (MAS).

Nadia Cruz fue designada el 30 de enero del 2019, por los dos tercios del MAS en la Asamblea Legislativa, como defensora del Pueblo interina, hasta que ese órgano emita una nueva convocatoria para la selección de la autoridad titular. 

Santamaría explicó que la Sentencia Constitucional 218/2004 establece que el cargo interinato sólo será de 90 días. En base a ese argumento jurídico, el mandato de Nadia Cruz concluyó el 30 de abril del 2019, por tanto, Santamaría consideró que sus acciones son nulas y no tienen ninguna validez.