Pesquisas de corrupción pierden impulso en el país
La justicia flexibilizó las restricciones para varias personas que estaban siendo investigadas por delitos de corrupción
El receso en el Órgano Judicial estuvo marcado por apelaciones y acciones de libertad en favor de ciudadanos que están siendo investigados por delitos de corrupción. El caso más notorio fue el del gobernador de Potosí, Jhonny Mamani, quien fue liberado de un arresto domiciliario el 29 de diciembre.
Mamani es investigado por la compra irregular de 41 ambulancias que nunca llegaron a su región. La justicia revocó esa decisión el 6 de enero y desde ese día, la autoridad potosina volvió a la detención domiciliaria. Está acusado de resoluciones contrarias a la ley e incumplimiento de deberes.
Eso sí, al inicio del receso judicial, el 1 de diciembre, la Fiscalía cerró otro caso que estuvo activo en su contra y que tiene que ver con la compra de cinco camionetas para la Policía Boliviana. El caso involucra a Bs 1,3 millones, pero su defensa negó daño económico al Estado.
El asambleísta Jaime Flores, quien promueve este caso en estrados judiciales, anunció que planteará un recurso constitucional para que se reabra el caso porque, además, existe un informe aprobado por la Asamblea Legislativa de Potosí que halló irregularidades, aunque no halló cargos que vayan a perjudicar directamente Mamani, elegido en 2021 por el MAS.
Azucena Fuertes, otra legisladora opositora de Potosí, señaló que las señales que está dando la Justicia, en este caso, tienen que ver con decisiones políticas del oficialismo. “No vemos que exista independencia en este caso”, dijo.
Por otro lado, el exdirigente universitario Max Mendoza, acusado por acceder a un cargo sin contar con las credenciales de formación académica, el viernes dejó la cárcel de San Pedro. La Justicia le dio medidas cautelares en mérito a un certificado de trabajo que le fue proporcionado por el diputado Ingvar Ellefsen de la alianza opositora Comunidad Ciudadana (CC). El legislador fue cuestionado por esa acción y luego rescindió contrato con Mendoza, quien tiene detención domiciliaria, informó su abogado José Paredes.
Mendoza fue denunciado por asumir un cargo en el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) sin cumplir requisitos ni tener título profesional. Fue enviado a la cárcel en mayo de 2022 y el 3 enero un juez le cambió la detención preventiva por un arresto domiciliario hasta que se cumplan las investigaciones por parte del Ministerio Público.
Adicionalmente, de las cinco personas acusadas de pagar una coima de Bs 18 millones para la adjudicación de la doble vía Sucre-Yamparáez se defenderán en libertad tras permanecer varios meses en prisión. Son Juan Carlos Hidalgo Chura, quien miembro de la comisión calificadora de esa carretera, y el exgerente regional de la ABC Hernán Palacios.
Siguen en la cárcel San Pedro, de La Paz, el empresario chino Jin Zhengyuan y el exjefe administrativo de la ABC William Mamani, mientras que el exgerente de la ABC nacional Cristian Rolin Mendieta tiene arresto domiciliario.
El juez de turno en las vacaciones judiciales ordenó para ambos coimputados la detención domiciliaria con escolta, arraigo departamental, presentación de tres garantes personales y la firma semanal del libro en la Fiscalía.
