Piden ajustes en la CPE para sacar el ‘dedazo político’ en la elección de magistrados

Modificar12 artículos y agregar dos nuevos a la Constitución Política del Estado (CPE) y mantener la elección universal para elegir autoridades judiciales sin el “dedazo político” son las propuestas que salieron de reconocidos juristas con miras a la reforma judicial. Hace unos días, el Comité pro Santa Cruz organizó un simposio, el primero de varios aseguraron los cívicos. En ese contexto, los juristas pudieron exponer sus ideas.

El abogado y exalcalde de La Paz, Juan del Granado, junto a su colega José Antonio Rivera presentaron su propuesta de reforma judicial vía referendo popular, la cual tiene como iniciativa abrir la CPE para cambiar al menos 12 artículos y sumarle dos nuevos.

La propuesta plantea que con el cambio en la Carta Magna se garantice un servicio judicial con jueces y magistrados independientes para brindar una justicia con transparencia. “Eso supone cambiar el sistema de selección de estas autoridades judiciales que se encuentra dentro de la CPE, que selecciona por ‘mentirocracia’ y no por meritocracia por la Asamblea Legislativa Plurinacional, imponiendo criterios de afinidad política”, explicó Rivera.

Por ello plantean crear una Comisión Nacional de Postulaciones que será integrada por profesionales, designados previa comprobación pública de su idoneidad del ejercicio profesional, gerencial, ético y psicológico. Luego de comprobar estas capacidades, la comisión elaborará las ternas para cada cargo de magistrado y así pueda remitirlas a la Asamblea Legislativa para que las legalice, en un plazo máximo de 30 días y con dos tercios de la votación.

Con respecto al Consejo de la Magistratura, Rivera sostuvo que tiene que ser un auto gobierno judicial integrado por siete miembros de los cuales cuatro sean profesionales en ciencias económicas con especialización en administración judicial para conformar la sala administrativa, que será manejada con políticas de gestión procesal y disciplinaria.

Finalmente, la propuesta presentada por Del Granado y Rivera sostiene que la hoja de ruta para reformar la CPE es la voluntad ciudadana. “Es la mejor oportunidad de que nosotros, la población, podemos transformar la justicia”, destacó Rivera en el simposio.

Por otro lado, el exprocurador José María Cabrera durante su presentación señaló que para la selección de magistrados se deben mantener el sufragio y la preselección de candidatos en el Legislativo también con la votación de dos tercios de las tres fuerzas con presencia política.

Para evitar el cuoteo y que esas tres fuerzas se repartan los cargos de justicia, la elección se debe realizar del mismo modo que cuando eligen al Papa. “De igual manera, al momento que se inicia la sesión en la Asamblea para la aprobación de los candidatos por tiempo y materia no se debe discutir de nada más hasta que se llegue a los dos tercios”, explicó Cabrera.

Luego de seleccionar a los candidatos, éstos deben ser evaluados e interrogados en audiencias públicas por los mismos parlamentarios porque esa es una de sus responsabilidades, prosiguió el exprocurador. Por último, cuando la mayoría de los candidatos ya han sido depurados, estos pasan a un referéndum ratificatorio que servirá para confirmados o rechazar a las nuevas autoridades judiciales que han sido seleccionadas.

“Anular la participación de la ciudadanía y restringirla por el hemiciclo parlamentario considero que esto sería un retroceso”, completó el jurista. El ministro de Justicia, Iván Lima, había planteado un criterio similar.

Por otro lado, el expresidente y jefe nacional de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, anunció que también entregará una propuesta para la modificación estructural del sistema judicial con la modificación de ocho artículos de la CPE, para establecer una nueva forma de elección de jueces e integrantes de la Fiscalía.

Este planteamiento sostiene que juristas de alto nivel y personalidades deben presentar una terna a consideración de la Asamblea Legislativa Plurinacional para la elaboración de dos planchas, que serán sometidas a referendo, para eliminar el factor político en la selección de jueces y fiscales.

En tanto, el exfiscal de distrito Francisco Borenstein planteó que si los parlamentarios oficialistas y opositores “no reflexionan ni tienen la voluntad” para iniciar una reforma judicial esta tiene que ser iniciada por la sociedad civil organizada. “Pongámonos metas que si se van a realizar a corto, mediano y largo plazo, además pongámonos de acuerdo porque si seguimos con que cada grupo va a andar con su proyecto bajo el brazo estamos haciendo un daño a Bolivia”, remarcó el jurista.

Observaciones y carencias

El abogado William Herrera dio porcentajes acerca de la problemática de la justicia en Bolivia. Por ejemplo, el 92% de las acciones tutelares que llegan al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para revisar son amparos y acciones de libertad de los jueces. “Es decir que quienes deberían ser los naturales defensores de los derechos y garantías constitucionales, son los primeros vulneradores”, apostilló.

Herrera dio otro dato relacionado con la cobertura judicial. El 50% del territorio nacional no cuenta con esa cobertura y por ello la actividad judicial se concentra en las capitales y algunas provincias, perjudicando a aquellos que viven por ejemplo en zonas rurales y en comunidades originarias que están alejadas.

En lo referente al presupuesto judicial, este no llega al 0,5% del Presupuesto General, una cifra baja comparada con la media latinoamericana que llega posicionarse entre el 2% y 6%. “Por esto, es imposible pensar en tener justicia de calidad con el presupuesto tan pobre que tiene el poder judicial”, puntualizó Herrera.

En tanto, dentro de la propuesta presentada por Del Granado y Rivera como antecedente tienen un diagnóstico que identifica cinco carencias en la administración de justicia “que la han invalidado como un servicio público esencial dentro de la vida democrática”, expresó el exalcalde Del Granado.

La primera está relacionada con la independencia de los jueces. Se la vincula con la manipulación y sometimiento de estas autoridades al poder político de turno, anulando las posibilidades de imparcialidad. La segunda carencia se refiere a la idoneidad de los administradores de justicia, quienes se encuentran en altos cargos del sistema judicial sin estar capacitados ni contar con méritos profesionales suficientes.

La tercera es la carencia de recursos económicos para el adecuado servicio público, 0,5% del PGN, limitando su cobertura y calidad. La cuarta tiene relación con el acceso a la justicia porque la misma es limitada y esto se refleja en los 1.136 jueces y 512 fiscales que se tienen para 11 millones de personas, además de la falta de mecanismos alternativos para resolver conflictos que no siempre son resueltos por jueces, abogados ni fiscales. 

Delgrando, por último, citó a una quinta carencia que muestra la falta de estrategias estatales “porque cada gobierno que llega a la administración del Estado inventa nuevas reformas, teniendo improvisación tras improvisación. Por ejemplo, en los 14 meses del actual Gobierno este nos ha propuesto, en tiempos distintos, tres reformas a la justicia”.

El Gobierno, a través de Lima, aseguró que todas estas propuestas serán parte de un gran encuentro previsto para marzo. Dijo que busca un acuerdo.