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Desde la oposición y el oficialismo emergieron ayer varios pedidos formales para que el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, presente un informe detallado sobre hasta dónde llegó su despacho en las investigaciones de la crisis de 2019.

El primer reclamo vino de la exdiputada del MAS Lidia Patty, quien demandó a Lanchipa un informe sobre las razones por las que “los procesos por las masacres de Senkata y Sacaba no avanzan”. La exlegisladora promovió una denuncia penal contra exdirigentes cívicos, exministros y exautoridades militares, además contra la expresidenta Jeanine Áñez, detenida en la cárcel de Miraflores, precisamente por el caso.

Patty reclamó a Lanchipa por la falta de acciones contra el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. 

Soy el terror de Camacho”, afirmó.

También desde el MAS, ayer el diputado Rolando Cuéllar cuestionó a Lanchipa y aseguró que la autoridad incumplió el compromiso de esclarecer los sucesos de Senkata y Sacaba, donde las fuerzas militares y policiales actuaron ante un clima de convulsión. Anticipó que pedirá un informe formal sobre las pesquisas.

En un contacto con EL DEBER, la diputada María José Salazar (CC) informó que pedirán al fiscal un reporte detallado de todas las acciones que realizó su despacho para esclarecer las denuncias de la “manipulación dolosa de los votos” que planteó la Organización de Estados Americanos (OEA) en un informe declarado “vinculante” por la propia Cancillería del Estado.

Actuados

A esta acción se sumaron los legisladores de Creemos, quienes además cuestionaron la designación del exministro Héctor Arce como embajador de Bolivia ante la OEA, porque no ha vencido los requisitos legales. De hecho, en la petición formulada al fiscal se requiere los detalles de la investigación que desarrolló su despacho en 2020, precisamente contra Arce.

De hecho, en el pliego planteado a Juan Lanchipa se requiere el acceso a los cuadernos de investigaciones de todos esos casos.

La Fiscalía del Estado tiene además en su poder cuatro querellas planteadas por el Ministerio de Justicia contra Áñez y sus ministros. El Tribunal Supremo de Justicia, a través de su sala Penal, dio al Ministerio Público un mes para formular la propuesta acusatoria, pero Lanchipa informó la pasada semana que pidió 20 días más.


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